Los hechos ocurridos el 3 de mayo en Palmarito de Tochapan y el posterior linchamiento mediático al Ejército por la presunta ejecución de Raúl Jiménez Martínez, lugarteniente de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, líder de una banda de huachicoleros, ratifica una verdad en torno a las Fuerzas Armadas y que la clase política no quiere ver ni oír: que para ellas no hay derechos humanos, perdón ni justicia. Están desamparadas jurídicamente en las tareas de seguridad pública a las que son obligadas por la incapacidad y corrupción de las policías estatales.
El Ejército de nueva cuenta es acusado por excederse en el cumplimiento de su deber. Por enfrentar a delincuentes y asesinos, por matar a uno de ellos, porque es cierto, no eran campesinos los que los atacaron esa noche en Palmarito, eran sicarios, con alta capacidad letal, con chalecos antibalas y vehículos blindados.
Hoy tiene más protección y garantías un sicario, pese a los múltiples y horrendos asesinatos cometidos, por haber torturado o cercenado a enemigos, a soldados y a gente inocente.
Las FA, en cambio, carecen de un marco legal para combatir a los criminales. En un exceso de fuerza, son expuestas a la condena pública, todo porque diputados y senadores les han regateado una y otra vez la Ley de Seguridad Interior. Es fácil para ellos dar excusas y declaraciones, mientras Ejército y Marina ponen los muertos.
No es casual que circule en los medios una carta en la que soldados reprochan la doble moral de los políticos y autoridades civiles frente al crimen organizado. En ella hacen patente su deseo de volver a los cuarteles. Sin embargo, el general Cienfuegos ha resistido heroicamente la tentación de abandonar esta guerra. Como buen patriota, a diferencia de los legisladores, prefiere seguir aguardando a que éstos se dignen en aprobar un marco normativo.
Pese a que el general Cienfuegos hizo el compromiso de aclarar el hecho y en su caso, proceder con estricto apego a la ley en contra de quien resulte responsable, ONG, medios y políticos de izquierda, algunos de ellos corrompidos y otros resentidos, traumados por el síndrome del 68, han salido en defensa de los criminales hasta convertirlos en víctimas y a los soldados en victimarios. Las pruebas son videos de cámaras que los propios huachicoleros pusieron para detectar los operativos. ¿Cómo los obtuvieron los activistas?
La desarticulación de los huachicoleros no es tarea fácil. Se trata de una red que se tejió por espacio de una década ante la inoperancia de Rafael Moreno Valle, amén de que El Toñín tiene comprado a Palmarito a través de la AC Fusión y Fuerza, que preside su hermano José Alejandro, además están asociados alcaldes, funcionarios, legisladores y exlegisladores federales y locales, pero la excelente coordinación de la 25 ZM con Antonio Gali, arrojará frutos. Según encuestas, los mexicanos están hartos del crimen y prefieren que los militares violen los DH de los delincuentes a que ese cáncer siga creciendo. De ahí el ofrecimiento de Alejandro Martí para defender legalmente al militar acusado de ejecutar al huachicolero Raúl Jiménez.
La gran coordinación de la CNS, de Renato Sales, con la PF, de Manelich Castilla, permitió la captura de uno de los responsables de la doble violación a madre e hija y el asesinato de un menor en la carretera México-Puebla.
Dos periodistas más fueron asesinados. Javier Valdez Cárdenas y Jonathan Rodríguez Córdova. En siete años, la PGR abrió 798 averiguaciones previas y 157 carpetas de investigación por agresión a comunicadores ¿Casos resueltos? Ninguno.
