Por Enrique Vidales Ripoll
Al inicio de semana el tema en las redes sociales y conversaciones informales en casa, centros de trabajo y entretenimiento era Uber y la modificación de la ley en materia de transporte público. El Gobierno del Estado entregó al Congreso de Yucatán una iniciativa para incorporar a las plataformas digitales al servicio de transporte de pasajeros.
A la entrada de Uber y otras compañías se había destacado la característica obsoleta en la ley correspondiente. El uso de tecnologías ha permitido la creación de nuevas formas de movilidad urbana que no estaban contempladas en la ley. El cambio o modificación se entiende como el ajuste necesario para dar viabilidad y certeza jurídica a este tipo de nuevos negocios. El asunto es de interés público en la medida que se trata de la seguridad de personas que abordan un vehículo ajeno. El Estado en su función reguladora debe intervenir si lo considera necesario para crear el marco jurídico necesario para cumplir con la seguridad e integridad de pasajeros y vehículos.
El tema se centró en Uber. Una empresa trasnacional que ha revolucionado el servicio tradicional de taxis. Pero tampoco ha estado exenta de polémica.
La empresa sostiene que es una opción para que las personas que están desempleadas o tengan una necesidad de contar con más recurso económico. Después de cumplir con requisitos impuestos por la misma compañía una persona se convierte en taxista. Es cierto que el servicio de transporte de personas no es nuevo. En varios países se ha considerado ciertos lineamientos jurídicos para la garantía del servicio y seguridad de los pasajeros. Aquí es donde se ha dado el centro de la discusión y debate en lo político y administrativo.
A partir de las reglas emitidas por el Congreso del Estado en las redes los reclamos a quienes hemos señalado lagunas legales y algunos puntos de duda sobre el servicio Uber se nos ha tachado de insensibles. Una persona me dice que esperaría más de mis argumentos al no considerar la afectación a miles de familias que no podrán seguir en el negocio Uber.
Analizando más las repercusiones de Uber viene a la reflexión las consecuencias legales de la relación laboral entre los choferes, Uber como empresa y los clientes. Es muy claro que para que una relación laboral exista se requiere de una subordinación entre el trabajador y patrón a cambio de una remuneración económica. El chofer para “trabajar” en Uber requiere de cumplir ciertos requisitos, además, estar al pendiente de las indicaciones y mandatos de la aplicación. El beneficio económico lo tiene la empresa Uber. Por lo cual queda completamente configurada una relación laboral entre la empresa y el chofer del vehículo.
Aquí tenemos entonces una serie de cuestionamientos que deben ser esclarecidos:
¿Están garantizados entonces por la empresa Uber las prestaciones laborales para los trabajadores de Uber?
¿En dónde queda la acumulación de las prestaciones como aguinaldos, la prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, entre otras?
Si una persona desempleada empezará a trabajar de forma permanente por ser la única opción viable de emplearse ¿dónde queda entonces la obligación del patrón de otorgar seguro social? ¿Cómo correría su pensión?
Como el esquema viene de gringolandia donde no existe liquidación laboral, mucho menos la indemnización constitucional, de nada sirve estar trabajando porque tal derecho constitucional no existe. La empresa podría retirar a un chofer sin ninguna responsabilidad económica a pesar de haberse hecho rico con el trabajo de aquél.
Es más claro que hay un aprovechamiento de una obra de mano para hacerse ricos algunos a expensas de las conquistas y derechos laborales que se han venido peleando por años. Prestaciones que no tienen los trabajadores en la distorsión de que se vuelven los “jefes” de su propio negocio. Pero que no puede ser de esa manera ya que, si realmente lo fueran, no tendrían que estar pagando a la central un porcentaje de comisión por estar dentro del servicio.
Entonces no es la ley la que está limitando las opciones de trabajo. Es mucho más grave que una compañía le esté restando a sus trabajadores que les otorga utilidades los derechos que se merecen.
Patético que connotados izquierdistas estén apoyando a Uber en cuanto a su libertad de operar y no se dan cuenta de la gran incongruencia que significa una empresa que no está siendo justa y en derecho con sus trabajadores.
Es la muestra del capitalismo más puro, donde unos se hacen ricos a expensas de otros. Mientras se dicen “preocupados” por los ciudadanos, al final, no lo están de quienes operan el sistema para hacerles ganar dinero.
AL CALCE. Cabify no está de acuerdo con algunas disposiciones. Pero en lugar de amenazar y polarizar en las redes el tema, aplaude el avance legal y asume el reto de entrar a trabajar en Mérida. ¿Por qué Uber se mantiene beligerante? ¿Qué intereses hay en Uber Mérida para que el PAN se convierta en un escudero de su lucha?
