Senadores
y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión que el Ejecutivo federal se pronuncie sobre
el caso de presunto espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y
activistas anticorrupción, atribuido a dependencias del Gobierno federal.
“Yo
creo que lo menos que merecemos es una declaración; que nos diga qué es
lo que está pasando, a quién se va a investigar”, demandó en tribuna la
vicecoordinadora de los senadores de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo,
durante el debate que sobre el tema tuvo lugar en el órgano legislativo.
En
su turno, el senador Héctor Larios Córdova afirmó que no hay duda de que se
trata de un “espionaje desde el poder: o fue la PGR, el CISEN o la Secretaría
de la Defensa Nacional. Son las tres instancias que adquirieron este software”.
Larios
Córdova ironizó señalando que ante un hecho de esta envergadura, denunciado en
un medio internacional de muchísimo prestigio, la respuesta ha sido: “no hay
pruebas”. Y agregó:
“Viene
una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el
PRI en Chihuahua y otra hacia el PRI en Quintana Roo y en este país no pasa
nada. Y eso es, precisamente, lo más importante: no podemos acostumbrarnos a
que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi
en cualquier otra parte del mundo, eso significaría, con independencia de la
autoridad investigadora, iniciar una investigación incluso contra el propio
Presidente de la República.
Los
legisladores panistas pidieron la comparecencia de los titulares de las
secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como de la
Procuraduría General de la República (PGR), para ofrecer explicaciones sobre el
caso ante el pleno de la Comisión Permanente.
Al
respecto, el senador el senador Larios propuso que además de comparecer, el
Secretario de Gobernación presente informes periódicos sobre el curso de las
investigaciones de este, que calificó como “verdaderamente delicado. De otra
manera, agregó, sería sólo simulación.
La
senadora Gómez del Campo expuso que el costo del espionaje es de más de 125
millones de pesos, y que resultaba increíble que ante esta cifra no haya una
respuesta contundente del Gobierno federal, no haya culpables, hasta el
momento.
El
diputado Federico Döring criticó que en sus intervenciones en tribuna, el PRI
haya condenado primero los hechos y luego, descalificado a los periodistas del New
York Times que los dieron a conocer.
Dijo
que se trata de un hecho inédito, del que si el Gobierno federal no es culpable
por la comisión del mismo, sí lo es por omisión, porque no ha encontrado a
quienes lo están haciendo.
Calificó
como una “vergüenza para México que la postura seudo oficial sea la de un
boletín sin hoja membretada, sin un responsable”, y que al Presidente de la
República no le merezca la atención el tema, para fijar él mismo una postura”.
Döring
indicó que lo mínimo que merece la opinión pública es que el Presidente, si se
dice que está en contra de eso, que lo haga público; que gire una instrucción,
que se comprometa.
Por
su parte, la diputada panista Claudia Sánchez Juárez manifestó que resulta
imprescindible que el Gobierno federal aclare, de forma precisa, su papel en
este asunto. “Es particularmente preocupante para el Partido Acción Nacional
que se den estas prácticas”, apuntó.
