Por Francisco López Vargas
Dos temas llaman la atención esta semana en Yucatán: el escándalo destapado por el periódico matutino capitalino El Economista y las cartas desplegadas en Diario de Yucatán sobre un conflicto en la Clínica de Mérida.
En ambos casos se juega el prestigio de una institución, pero el caso de la denuncia hecha por el periódico de la capital el tema implica al Gobierno del Estado y a su Registro Público de la Propiedad y, de paso, indirectamente, a la presidenta del órgano de transparencia del mismo gobierno yucateco.
Empiezo por el órgano de transparencia que dirige Susana Aguilar Covarrubias, a quien la columna Urbes y Estados de Luis Carriles pone en un brete al destacar que la funcionaria está casada con un personaje, David Abraham Achach, al que se acusa de haberse coludido con funcionarios del registro público para retocar o alterar documentos públicos.
La denuncia, dada a conocer en la edición del pasado domingo 31 de julio, abre una investigación que debió dar frutos el mismo lunes que se supo del tema: el cese de quien dirige el lugar y de la Sra. Aguilar Covarrubias para permitir que haya una investigación que deje muy claro que sucede en el órgano encargado de dar certeza a la propiedad en la entidad y a la oficina de hacer transparente los manejos del propio gobierno local. Hoy, cualquier respuesta ya va tarde.
El escándalo de Abraham y sus implicaciones legales y con el gobierno local tienen que ver con el conflicto que se vive en el Instituto Patria desde el año pasado en el que el mismo Abraham habría vendido hasta en dos ocasiones los mismos predios y, ahora se sabe, cometido un fraude al manipular oficios de libertad de gravamen y demás documentos para acreditar que los terrenos no tenían restricciones de venta.
La familia Abraham Achach es muy conocida en Mérida y no creo que haya quien no recuerde el litigio que tuvo otro de sus miembros con su socio Nicolás Xacur Gamboa en otras épocas, o el litigio y el conflicto con la familia Abraham Mafud en otros días, todos por temas de dinero y de empresa. Hoy, el tema es de nuevo por dinero y pareciera que lo más grave es que un mismo predio fue vendido en dos ocasiones a diferentes personas.
La denuncia de uno de los compradores, la que exhibe El Economista, es la que deja mal parado a un gobierno que está atrayendo inversiones y necesita no sólo de la fortaleza y solidez de un Registro Público de la Propiedad confiable y honesto, sino que exhibe que eso también pudiera haber pasado en otras ocasiones con la debida y exacta mordida.
El tema no es muy menor porque nos recuerda las quejas que hay sobre terrenos de Kanasín que aparecen como propiedad del tesorero del gobierno tabasqueño de Andrés Granier Melo o las del tesorero de Quintana Roo por predios de Ucú y Hunucmá y las quejas sobre cómo se quedó Álvaro Humberto con una enorme franja de mil 279 has en la zona de humedales más preciados de Dzemul y la costa yucateca, al inicio del gobierno de su mamá Ivonne Ortega Pacheco, sin contar la venta de Chichén Itzá en $220 millones al gobierno local por uno de los Barbachano.
Sin embargo, los terrenos y los escándalos no son tema del gobierno local. Nadie habla de ellos, así como nadie ha sido movido de sus encargos a pesar de las declaraciones que los inhabilitarían para seguir al frente de sus encargos.
El prestigio del gobierno yucateco debería de cuidarse, demasiado cerca están de los escándalos de compras irregulares y poco claras de predios yucatecos por parte de funcionarios del gobierno quintanarroense como para no poner orden antes de que Yucatán sea, otra vez, balconeado no como la entidad que está teniendo éxito en la atracción de inversiones sino como el estado donde las propiedades inmobiliarias son un riesgo de adquirir y ello impide que más y mejores empresas adquieran esas grandes dimensiones de tierra necesarias para las grandes inversiones que el gobierno anuncia.
En otro momento le dedicaremos tiempo a la manera como un particular adquirió los predios que conforman hoy el nuevo Centro Internacional de Congresos en las avenidas Cupules y Colón, para luego con sobre precios revenderlos al gobierno local.
Pero los escándalos no sólo implican a funcionarios y al gobierno, en la Clínica de Mérida los fundadores dan una exhibición de humanismo, aunque de la peor naturaleza al exhibirse unos y otros como seres llenos de mezquindad y de ambiciones desmedidas.
Quizá haya demasiado patrimonio de unos y otros para dejar el tema a un lado, pero la realidad es que el espectáculo que hoy ofrecen y la manera como se agreden uno y otros sólo llevará a que el desprestigio los alcance a todos.
Vergüenza ajena nos da que una clínica con el prestigio y con buena fama esté llena de rufianes que con triquiñuelas acreditan que la mezquindad también es un estilo de vida.
Pero este caso en particular, por tratarse de particulares, sólo resta dejar claro en manos de quien ponen su salud quienes a ella acuden. Cuidado, no vaya a ser que para desacreditarse uno a otros mañana sepamos de casos de negligencia y de mala praxis que lleven como consecuencia lamentables hechos que le cuesten la vida a algún paciente.
Usted sabe si acude a esa clínica y ya veremos si la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado también hace lo que vemos pasa en tantos temas y en tantas oficinas: voltean a ver a otro lado. Como es de particulares, pues el gobierno sólo es para los que gobiernan. Esperemos no sea así.
