La
senadora Angélica Araujo Lara aseguró que con la Ley General de Archivos se
garantizarán los principios y bases en la organización, conservación,
disponibilidad, integridad, localización y difusión de los documentos en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Estado
mexicano.
Dijo
que entre los beneficios de esta ley destaca: la implementación de más esquemas
de transparencia y difusión de los archivos, al fomentar un mejor resguardo de
la memoria institucional; es decir, a partir de la entrada de este ordenamiento
legal, se generarán mayores y mejores condiciones para el pleno ejercicio del
derecho a la verdad y del derecho a la memoria.
También,
agregó la legisladora por el estado de Yucatán, se promoverá el uso de las
nuevas tecnologías de la información, con la finalidad de mejorar en las
entidades del país la administración y disposición de los archivos.
Por
ello, en la bancada del PRI estamos convencidos que la aprobación de esta ley
se traducirá en mejores mecanismos de colaboración y coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, y la incorporación de buenas prácticas
nacionales e internacionales en los trabajos de resguardo, del manejo, de la
organización y de la conservación de nuestros archivos, consideró Araujo Lara.
En
este contexto, señaló que con su publicación y entrada en vigor, cualquier
mexicano, a través del sistema nacional de archivos, tendrá asegurado y
garantizado el acceso a los documentos de mayor relevancia histórica,
relevancia cultural, social, científica y técnica de nuestra nación.
Esto
significa, explicó la senadora priista, que abonará a la consolidación de uno
de los derechos más importantes, como es, el derecho al acceso a la información
y a la transparencia.
Además,
dotará a México de mejores esquemas de organización y administración de sus archivos
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes
del Estado mexicano, al igual que el de los órganos constitucionales autónomos,
partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier
persona física o moral, y sindicatos que ejerzan cualquier tipo de recursos
públicos o realicen actos de autoridad, continuó Angélica Araujo.
