Debido
al procedimiento de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) que derivaron en la clausura de sucursales de Grupo Boxito,
empresa con más de 40 años en el mercado local y regional, la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida, pide una revisión
del caso y actuar conforme a la ley, pues con el cierre de tiendas se
ponen en riesgo fuentes de empleos.
El
presidente de la CANACO Mérida, Michel Salum Francis, señaló que como organismo
empresarial siempre estarán a favor de la legalidad, por ello es importante que
el IMPI escuche a las dos partes y emita una resolución apegada a la ley
en la materia.
Consideró
primordial una revisión a la ley de propiedad industrial, para analizar si se
requiere adecuarla, ya que actualmente en el mercado hay productos similares,
de otras marcas, que aun cuando se parezcan siempre tienen una
característica diferente, y eso no se puede considerar como piratería, y
ejemplos hay muchos.
Salum
Francis indicó que la CANACO Mérida brindará su apoyo a Grupo Boxito para
encontrar una solución de acuerdo a la ley, y puedan reabrir a la brevedad
posible las tiendas, pues la firma yucateca en sus más de 40 años en el
mercado se ha caracterizado por ser una empresa que creció a base de trabajo,
de ahí que goza de buena reputación y nunca ha incurrido o se ha involucrado en
algún escándalo, manteniendo un currículum empresarial intachable.
Por
ello, esta cámara continuará levantando la voz con la forma en la que
muchas veces se aplica la ley, pues mientras los comerciantes establecidos, que
si cumplen con el pago de los impuestos reciben
notificaciones, emplazamientos y suspensión de actividades por el mínimo
detalle, los ambulantes y el comercio informal gozan de total impunidad porque
al no tener domicilio fiscal para ser notificados nadie los molesta y pueden
seguir con sus ventas.
Michel
Salum reiteró que CANACO Mérida pide que el caso de Boxito tenga un trato
justo, con total transparencia y apego a la ley, en igualdad de condiciones
para las partes involucradas, porque no se puede poner en riesgo la
estabilidad de una empresa ni su prestigio, mucho menos en riesgo a las fuentes
de trabajo que genera, de la cual depende una gran cantidad de familias
yucatecas.
