Por: Carlos Elizondo Mayer-Serra.
AMLO ha propuesto nombrar a Paco Ignacio
Taibo II como director general del Fondo de Cultura Económica (FCE). Taibo II
no es mexicano por nacimiento; nació en España y es hijo de españoles. La ley
es clara: sólo los mexicanos por nacimiento pueden dirigir entidades
paraestatales, como el FCE. En un mundo normal, AMLO tendría que buscar otro
director. En el suyo, se cambia la ley.
En la mayoría de los casos es
inconstitucional que los mexicanos por naturalización tengan menos derechos que
los mexicanos por nacimiento. Sin embargo, cambiar este principio no debería
fundarse en el hecho de que a AMLO le estorba esa ley para un nombramiento.
Debería ser el resultado de una discusión sobre la mejor forma de resolver la
discriminación contra los mexicanos por naturalización.
Pero el nuevo gobierno trae prisa. La
bancada de Morena ya presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para
reformar el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
permitir así a Taibo II dirigir el FCE. Sin embargo, la prisa es mala
consejera. Un ejemplo: hace una semana se aprobó en la Cámara de Diputados una
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ésta siempre
se ha señalado que para ser secretario de Estado es requisito ser mexicano por
nacimiento. En ese momento no lo modificaron. No les preocupa el principio de
la discriminación. Cuando aprobaron los cambios propuestos por el futuro
gobierno, el problema de nombrar a Taibo II no se había presentado.
El futuro gobierno va a tratar de hacer lo
mismo si le estorba un mandato constitucional. La propuesta de seguridad
presentada la semana pasada es claramente inconstitucional. Ese mismo día, la
Suprema Corte declaraba la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad
Nacional. Para AMLO esto no es un problema. Es cuestión de cambiar los
artículos de la Constitución que estorban. Será la primera prueba de cuán fácil
le es lograrlo.
La otra lección es acerca de la
implicación del objetivo central de AMLO, resumido en su frase de campaña del
2006, “por el bien de todos, primero los pobres”. Un gobierno deseoso de
transferir recursos al mayor número de pobres va a recortar de todo, desde los
salarios de los funcionarios del Banco de México —aunque en el camino se pierda
parte del capital humano necesario para conducir bien la política monetaria del
país— hasta el presupuesto de instituciones culturales y académicas. Por eso,
el FCE sufrirá un fuerte recorte, como en la gran mayoría de las entidades que
componen la administración pública federal. Ni en los años posteriores a la
crisis de la deuda externa vimos recortes de este tamaño.
Además, el recurso disponible lo usará el
FCE (el cual será fusionado con otras áreas que publican libros por parte del
gobierno federal) para impulsar la política social del gobierno. En palabras de
Taibo II: “Me preo-cupa que haya en el catálogo del Fondo 10 ensayos sobre
novela y no 10 novelas; se está gastando un enorme dinero en un libro que te
funciona para pocos lectores. Tienes que dirigir una editorial con los gustos
de los lectores” (https://bit.ly/2A8Tpv5). Ello implica modificar
sustancialmente el objetivo del FCE: una editorial que hoy no pretende
responder a los gustos del mercado, sino a la calidad de los libros que
publica.
La política propuesta para el FCE no
debería ser una sorpresa. El gasto público en la élite académica y cultural en
México por parte de gobiernos temerosos de ser criticados por una
intelectualidad normalmente de izquierda ha sido generoso. El nuevo gobierno
parece será consistente en su estrategia de gasto y va a ahorrar todo lo
posible para poder financiar las transferencias a los más pobres. Quitará los seguros
médicos a los profesores universitarios, buscará que impartan un mayor número
de clases, intentará disminuir los gastos de la burocracia universitaria…
Gastará sobre todo en servicios que lleguen a los más pobres, como libros de
interés popular y de bajo costo.
Si estos recursos se gastan bien, podrá
ser bueno para los más pobres, aunque puede generar incentivos perversos, como
buscar esas transferencias y dejar de procurar una mejor educación o un mejor
trabajo. Sin embargo, los recortes van a
erosionar la capacidad de gestión de todo el gobierno, lo cual terminará por
afectar también a los más pobres. El reto mayor en los siguientes años será
mantener la estabilidad financiera. Si ésta se pierde, los primeros afectados
son los pobres.
Instituciones enteras serán seriamente
transformadas cuando no debilitadas hasta la extinción. La 4T prometió fundar
otro régimen. Veremos pronto hasta dónde lo quieren llevar. La ley será una
suerte de reglamento emitido por la Presidencia y el Congreso un diario oficial
donde se publica dicho reglamento, con erratas incluidas, cada vez que hagan
alguna tontería. El límite es su creatividad.
