En México, el poder público federal y estatal está organizado bajo el principio de la división de poderes. Esta división constituye la base de la organización política de las sociedades actuales, los cuales son legislativo, ejecutivo y judicial.
Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución Mexicana expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional.
Poder Ejecutivo Está depositado en una sola persona, el presidente de la república, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Dura 6 años en su cargo, su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales.
Poder Legislativo tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las ya existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, el poder Legislativo se deposita en un Congreso General (Congreso de la Unión), constituido por la Cámara de Senadores (representantes directos de los ciudadanos de los estados) y por la Cámara de Diputados.
Estas Cámaras las integran grupos de ciudadanos, y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes.
Poder Judicial Se deposita el poder Judicial de la federación en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces.
La función principal del poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público; entre el poder público y los particulares o entre los particulares.
Es por lo anterior que debe haber un equilibrio entre los 3 poderes antes mencionados.
El papel del Constituyente Permanente es el órgano competente para adicionar o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se integra por las cámaras de Diputados y de Senadores y las legislaturas estatales.
A nivel local se le llama órgano revisor y se integra por el Congreso local y los ayuntamientos.
De forma implícita, el Artículo 135 constitucional se refiere al Constituyente Permanente de la siguiente manera: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.”
Se comenta que se crearán la Ley de la Guarda Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Está claro que estás leyes se harán, que hoy por hoy, no existen y nosotros compañeras diputadas y compañeros no vamos a tener opinión porque tiene mayoría en el Congreso de la Unión el mismo partido que el Ejecutivo Federal.
En el dictamen se permite que las fuerzas armadas puedan realizar labores de seguridad pública e incluso está planteado que la Guardia Nacional sea a la vez algunas funciones de ministerio público para indagar cualquier delito, incluso los delitos de fuero común.
Imponer la Guardia Nacional es poner la seguridad del país en las mismas instituciones que han sido corresponsables de la masiva violencia organizada que sacude a la sociedad mexicana. Y se ignoran riesgos mayores: ¿qué pasaría si en los siguientes años el mando militar tuviera diferencias con el mando civil?
En este escenario los militares ya tendrán concentrado el uso de todas las fuerzas de seguridad del país.
Qué pasará si alguna persona no comparte ideología, y se ordena a la Guardia Nacional su detención, se estaría respaldando propuestas autoritarias como paso en Venezuela, al no tener equilibrio en los poderes, ya que se estaría excediendo en sus atribuciones uno de los poderes.
Es responsabilidad que cada legislador la decisión que se tome sobre este tema y es muy fácil votar a favor. Por ello movimiento ciudadano alza la voz por la preocupación y que quede constancia en los anales de este Honorable Congreso.
Por lo anterior nuestro voto es en contra.
DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEZ
