Por Jordy R. Abraham Martínez / jordyabraham@gmail.com
@jordyabraham
“Los niños son el mejor recurso del mundo y la mejor esperanza para el futuro”, mencionó alguna vez John F. Kennedy. Y es que la valorización hacia las personas que se encuentran en sus primeros años de vida es relativamente reciente. Hicieron falta varios siglos para que las sociedades se dieran cuenta de lo imprescindible que resulta tomar en cuenta el desarrollo de los infantes para que crezcan en un ambiente propicio que fomente sus valores. Después de todo, esos niños y niñas, serán quienes funjan en un futuro próximo como los actores principales de la comunidad.
Fue hasta el 20 de noviembre de 1989 cuando se celebró la Convención sobre los Derechos del Niño. Cabe destacar que este es el tratado internacional con el mayor número de países que lo han ratificado dentro de todo el sistema de la ONU. Lo anterior es prueba de la urgente necesidad que han detectado los gobiernos de las naciones, desde hace algunas décadas, por crear estrategias que permitan a los niños, no solamente educarse sino también gozar de derechos que les garanticen un desenvolvimiento sano para alcanzar la plenitud.
Los menores son un grupo de edad vulnerable y son alarmantes los casos de explotación laboral infantil e incluso pueden llegar a ser víctimas de la trata de personas. Por tanto, el concepto jurídico del interés superior del menor, ya es contemplado por muchos países incluso dentro de sus cartas constitucionales, como en el caso de México en su artículo cuarto de la Carta Magna. Este interés superior del menor se refiere al imperativo de las leyes de un Estado para que aseguren la protección los derechos humanos de los niños y las niñas. Tal es el caso de los sistemas de justicia especiales para adolescentes o las normas jurídicas que establecen el derecho de los padres a dar alimentos a sus hijos, así como la educación pública obligatoria para los menores.
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población, en 2016 la población de menores entre 0 y 14 años en México, superaba la cifra de 33 millones. Es decir, que prácticamente uno de cada cuatro mexicanos son ubican en plena niñez. Este dato nos expresa aún más la necesidad de incrementar los esfuerzos para que los menores se desarrollen con todas las herramientas para ser ciudadanos ejemplares en algunos años.
En este sentido, la educación integral y la promoción de valores juegan un rol primordial, ya que los niños tienden a imitar conductas que observan principalmente en su hogar. La prevención se vuelve toral, pues es preferible cultivar factores de protección en la niñez, que pretender reparar a un adulto con comportamiento antisocial. Gran parte de quienes hoy son delincuentes, fueron niños y niñas que tuvieron múltiples deficiencias en los primeros años de su desarrollo personal.
Es un error muy costoso, no considerar el impacto que tiene para una sociedad, el contexto en el que crecen los niños y adolescentes. Cuando se subestima a la niñez y no se protegen sus derechos fundamentales, las consecuencias pueden ser atroces a largo plazo.
Las nuevas generaciones han formado parte de un mundo tecnológico y en constante cambio. Las redes sociales y los dispositivos electrónicos, son parte de su día a día. Tienen menos perjuicios, pero al mismo tiempo muestran tendencia a ser apáticos hacia algunos temas. Nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el que el abuso de los medios tecnológicos amenaza con volver más frías a las personas en cuanto a sensibilidad y cohesión social.
Así, la gran responsabilidad de formar y proteger a los infantes, forzosamente será una tarea compartida entre los padres de familia, las autoridades educativas, la administración pública y cada miembro de la sociedad. Empecemos ahora, antes de que los efectos negativos sean irreversibles para el tejido social.
