Muchas gracias, presidenta.
Parto de un principio, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos profundamente comprometidos con la regulación del salario de las y los servidores públicos en un sentido amplio, y que esta regulación se haga atendiéndose fundamentalmente al principio de austeridad republicana, tal como ha señalado y reiterado la actual administración y el Presidente de la República.
Pero esto no quiere decir de manera alguna que ignoremos que esta reforma constitucional que se propone en los términos que se encuentra, no es más que un gigantesco paraguas o red para capturar a todos aquellos amparos que en este momento están sometidos a consideración de los jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones.
Esa gigantesca red de captura de amparos, se llama “personas de derecho público”, de esa manera, nadie, nadie podría salvarse.
Tal vez la excepción sería la que todavía subsiste en el artículo 94 constitucional, donde se señala con claridad que ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su cargo, no podrán ver disminuidas sus atribuciones.
O tal vez también en la ley correspondiente del Banco de México que garantiza a través de las remuneraciones de sus servidores públicos que también podrán conservar su autonomía.
El resto, todos los demás, entrarían en esta reforma en la gran red que tiene la reforma constitucional.
No nos hagamos occisos en la materia presupuestal. Desde luego que se puede introducir un órgano técnico responsable, que sería la Auditoría Superior de la Federación, para fijar los parámetros objetivos e indubitables que permitan establecer sueldos y salarios de los servidores públicos en general.
Aquí me traje este documento que circuló el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que establece, mediante un estudio detallado, los montos mínimos y máximos de los servidores públicos y trabajos técnicos por especialización, para poder establecer estos parámetros.
Me sorprende que se diga que no tenemos por qué delegar nuestra función en la Auditoría Superior de la Federación.
Sorprendida repasé la Constitución, el artículo 74, el 75, especialmente la fracción cuarta del 74, y permítanme decirles que todos los entes públicos formulan su presupuesto, incluso los órganos constitucionales autónomos, los Poderes, el propio Poder Legislativo y el Judicial, le entregan a la Secretaría de Hacienda que lo consolida y nos lo manda acá para que la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones, estudie y apruebe.
Es decir, todos, con las excepciones constitucionales que mencioné hace un momento, pueden estar sometidas a las tijeras nuestras, y las tijeras nuestras funcionaron bien en el actual presupuesto 2019. Es una facultad irrenunciable.
Pero igual que la Cuenta Pública, nosotros tenemos la atribución de pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que la formule, y una vez con los resultados, se somete a consideración de este Pleno que llega a aprobarla o rechazarla como se ha dado el caso.
Sería lo mismo en este órgano técnico de la Auditoría Superior de la Federación. Lo podemos hacer con toda la confianza de que no solo no vulneraría atribuciones que actualmente tiene la Cámara de Diputados, sino la reforzaría.
Y permítanme decirles por qué. Ahora hay un Presidente que ha hecho de la austeridad un sello personal y de su gobierno, pero supongo que el primero de octubre de 2024 concluye su gestión, ¿qué nos depara el voto popular en la elección de junio de 2024? No lo sabemos.
Morena luchará por mantener su hegemonía, y la oposición lucharemos porque esto no suceda, así es la democracia, que espero que se conserve.
Pero qué sucede si quien llegue como Presidente de la República, ante la ausencia de parámetros claros y firmes para poder establecer la remuneración del Presidente, que es la especie marcadora de las remuneraciones de todos los entes públicos del país, decide ponerse sueldo de 500 mil pesos, y tiene la mayoría, como ahora lo es Morena, en la Cámara de Diputados para que lo apruebe.
Ante la falta de criterios objetivos en la Constitución, es una amenaza posible, compañeras y compañeros.
No podemos ser ingenuos, termino presidenta y espero que convenciéndoles, no podemos ser ingenuas e ingenuos, necesitamos que en la Constitución, en el 127, quede establecido este órgano técnico para coadyuvar en la fijación de las remuneraciones de las y los servidores públicos.
