Muchas gracias presidenta.
Restaurar la paz y brindar tranquilidad a las y los mexicanos y sus familias, fue uno de los principales compromisos que el actual Gobierno hizo hace más de un año, y que a la fecha, aún no vemos avances ni en la disminución del número de delitos, ni en la percepción de la ciudadanía sobre su seguridad en las calles, en sus casas o en los negocios.
Si bien es cierto que la seguridad es un problema complejo, el actual Gobierno se comprometió a presentar soluciones inmediatas que elevaron las expectativas de todas y todos los ciudadanos, y que ahora son la principal razón de la gran desilusión que existe.
Fue el propio Presidente de la República quien se fijó el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. Luego pidió una prórroga.
Lo cierto es que aún la promesa no está cumplida, por el contrario, la ciudadanía está y se siente cada vez más insegura.
Una estrategia fallida del combate a la delincuencia ha dado tumbos e impulsado acciones ineficientes que solo han generado tensión social en varios estados del país.
Los datos son más que reveladores:
La extorsión ha aumentado 40 por ciento y se ha concentrado en personas de la tercera edad y mujeres.
Más de 9 mil desaparecidas y desaparecidos en este gobierno que prometió parar, cesar con las desapariciones forzadas.
En México mueren en promedio 7 mujeres diariamente a causa de la violencia feminicida y se realizan en promedio 5 secuestros al día.
Siguen los enfrentamientos, los bloqueos organizados por bandas criminales en las principales ciudades del norte del país. El caso más reciente se presentó la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ahora la extorsión y los asaltos se han vuelto parte de la vida cotidiana de millones de personas. Todos en nuestras familias escuchamos a diario sobre la inseguridad, es tema desgraciadamente en las mesas familiares.
En resumen, la estrategia que propuso el Gobierno para detener la inseguridad y la impunidad, hasta la fecha no puede dar buenas cuentas, ha fracaso.
En la más reciente reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de la República enunció 10 acciones que su Gobierno está impulsando para reducir los índices delictivos.
1.- Combate a la corrupción en las instituciones que se encargan de la seguridad pública.
2.- Separar claramente la frontera entre autoridades y delincuencia.
3.- Trabajar en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno.
4.- Mejorar las policías.
5.- Garantizar los derechos humanos.
6.- Atacar las causas de la violencia.
7.- Atender el problema de la inseguridad todos los días.
8.- Consolidar la Guardia Nacional fortalecida, además de continuar con el reclutamiento y la capacitación de los miembros de esta institución.
9.- Mejorar las condiciones salariales y prestaciones de todos quienes trabajan en la seguridad pública.
10.- Alentar el fortalecimiento de organismos autónomos como la Fiscalía General de la nación.
Estos anuncios no han detenido los asaltos que a diario se reportan en el transporte público, en carreteras, en trenes y hasta en embarcaciones en pleno mar abierto.
Es indispensable conocer los resultados que están arrojando los esquemas de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales.
¿Cuáles son los apoyos que se están dando? ¿cómo se están ejerciendo los recursos presupuestales? ¿están llegando a tiempo y con suficiencia?
La excusa de la escasez de recursos no es válida cuando la utiliza el Gobierno federal.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, aprobado por la Cámara de Diputados, se asignaron más de 157 mil millones de pesos para seguridad pública, monto superior en 4.8 por ciento real respecto al aprobado para 2019, y 26.8 por ciento de este recurso será para asuntos de orden público y seguridad interior.
La Cámara de Diputados no regateó en momento alguno cualquier propuesta de incremento de recursos que presentó el Ejecutivo federal.
Compañeras y compañeros legisladores, la bancada del PRI en ambas Cámaras, ha proporcionado al Poder Ejecutivo todas las herramientas legislativas que nos han solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares.
Después de un año, después de las reformas constitucionales y legales realizadas, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de las familias mexicanas.
La estrategia a todas luces ha fallado, está fragmentada, solo es una serie de operativos sin visión de largo plazo, pocas reacciones efectivas que han generado más incertidumbre y tensión social.
Es momento que el Gobierno federal deje el enfrentamiento político y de culpar al pasado como respuesta a la severa crisis de seguridad en que nos encontramos.
La seguridad pública es tarea de todos los órdenes de gobierno, pero el gobierno de la República tiene una responsabilidad mayor porque tiene las herramientas.
¿Qué falta? Es hora de que el gobierno de la República cambie la estrategia y cumpla los compromisos de resguardar la seguridad de todas y todos los mexicanos.
Es hora de construir un gran acuerdo por la seguridad y la paz, que sume voluntades y esfuerzos sin exclusión alguna, que incorpore a la sociedad y sus organizaciones, a los tres órdenes de gobierno. Solo así avanzaremos.
