Luego de los sismos es necesario llevar a cabo una #ReconstrucciónAbierta y constituir una instancia de Coordinación Nacional y un Fondo Único para controlar este proceso. Esto permitiría subsanar las actuales limitaciones del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y, de esta forma, garantizar que no se defraudará la confianza de la población y los donantes privados. Crear estas dos instancias no es imposible. El poder legislativo tiene en sus manos la oportunidad de llevar a cabo un hito de trasparencia y gobierno abierto que provea una respuesta digna ante las tragedias ocurridas en septiembre.
¿Qué tiene que hacer el poder legislativo para asegurar una #ReconstrucciónAbierta? El Congreso puede crear el Fondo Único dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 como un presupuesto transversal mediante un anexo técnico. Los presupuestos transversales asignan recursos monetarios para atender de forma integral problemáticas o grupos de población específicos. La agrupación de programas, proyectos y acciones dentro de los anexos sirve para definir y coordinar las acciones de gobierno que resolverán necesidades nacionales de suma importancia. Ambos instrumentos permitirían identificar el conjunto de políticas y programas destinados a la reconstrucción, cuantificar el monto total de los recursos y facilitar la tarea de monitoreo y seguimiento de los recursos invertidos.
Además, es necesaria una instancia de Coordinación Nacional para dar seguimiento a la reconstrucción a nivel federal, estatal y municipal, desde la asignación y ejercicio de los recursos públicos hasta su evaluación. Esta instancia podría ser un Comité Técnico que determine quién, cuánto y en qué se gastará el presupuesto transversal. Para que se pueda lograr esto, el comité debe desempeñar al menos cinco funciones.
La primera es determinar los programas y sus presupuestos para atender las necesidades de reconstrucción. La segunda consiste en valorar información, diagnósticos y proyectos. La tercera es dar seguimiento a la aplicación de recursos a fin de garantizar que sean entregados adecuadamente. La cuarta función es recibir las solicitudes y denuncias de la población afectada y canalizarlas al Sistema Nacional Anticorrupción o los Sistemas Locales. Finalmente, la quinta es facilitar la transparencia y rendición de cuentas de todo el proceso de reconstrucción. Además, este Comité debe ser un interlocutor con la iniciativa privada y tener la capacidad de publicar cuánto se recaudó en donaciones de este sector y emitir recomendaciones sobre cómo invertirlos para evitar duplicidades. Lo anterior permitirá a los donantes privados y ciudadanos en general tener certeza de que las víctimas realmente recibirán la ayuda que necesitan y los recursos no se desviarán para otros fines.
Para que el Comité Técnico pueda cumplir con su misión debe estar integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente en turno de la CONAGO para representar a los estados, un representante del empresariado y uno de la sociedad civil organizada. Los dos últimos son especialmente importantes. El representante del empresariado cuidará, entre otras labores, que los proyectos y recursos invertidos en la reconstrucción impulsen el mercado interno y la reactivación económica. El representante de la sociedad civil organizada vigilará que se canalicen correctamente las demandas y denuncias ciudadanas sobre el uso y control de los recursos públicos destinados a la reconstrucción, allende de las labores que se consideren pertinentes o necesarias. Además, asumirá un rol de puente de comunicación entre los gobiernos y la población para dar a conocer los avances físicos y financieros del fondo.
El proceso de discusión del PEF 2018 abre la posibilidad de generar estos dos mecanismos para lograr una #ReconstrucciónAbierta. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de establecer un nuevo paradigma de trasparencia y gobierno abierto que demuestre que las autoridades están tan comprometidas con el proceso de reconstrucción como lo estuvo la población en los primeros momentos de crisis. También es una oportunidad ante una coyuntura concreta para poner a funcionar los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia. La crisis pone a prueba a la sociedad en su conjunto, hoy nuestros representantes tienen una oportunidad en la aprobación del PEF 2018.
* Joel Salas Suárez es Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.
