Por: M.A. Elda Clemente Reyes.
La participación ciudadana es el
precedente de las principales luchas sociales a lo largo de la historia. Se ha
hecho muy común en los últimos años, pero se desarrolló gracias a que los
gobiernos contribuyeron en crear las condiciones necesarias para consolidarla.
El término se conceptualiza como la
intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales
y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y
condiciones definidas, esto es, en interfaces socio estatales (Isunza, 2006).
Para que la participación sea
efectiva en un régimen democrático, el Estado debe garantizar el respeto a las
garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la
información y la confianza hacia las entidades. Si alguna de estas condiciones
falta o no se cumple al pie de la letra, es muy probable que se genere
desconfianza, evidenciando la falta de interés. A fin de incentivarla es
necesario revertir este tipo de situaciones.
Confiar en las instituciones es fundamental. Velar por el bienestar
general ha sido el Talón de Aquiles para los responsables de ejecutar las políticas
públicas dirigidas a la población.
En este contexto, cuando la ciudadanía no confía en las instituciones,
es porque no están realizando sus funciones correctamente o porque se tiene la
percepción que están trabajando para favorecer un sector específico y a veces a
ninguno. Por lo tanto, es casi seguro que van a evitar involucrarse con las
autoridades o su colaboración será escasa. Si en una democracia se quiere
impulsar su colaboración, debe asegurarse primero, la credibilidad de los entes
de gobierno y políticos.
De ahí, que los organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y
demás, son consideradas como estructuras que agrupan a personas que comparten
un mismo objetivo y a través de las cuales, logran beneficios colectivos a
favor de la gente, que muchas veces, no encuentra respuesta oportuna a sus
demandas, convirtiéndose en la única opción viable capaz de ofrecer soluciones.
Este es el papel fundamental de estas agrupaciones, cuya trascendencia implica
cumplir los postulados que les dieron origen. Actualmente, algunos partidos
políticos echan mano de éstas y las constituyen en su afán por recuperar
credibilidad y convertirse en un puente de acercamiento con los electores, que
cada vez, sufren más desencanto con una apreciación fría y renuente.
Sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas se crearon mecanismos,
leyes e instrumentos jurídicos que favorecen y regulan la contribución de la
sociedad civil en distintos ámbitos sociopolíticos. Es así, como existen, solo en Campeche, más de
200 asociaciones constituidas legalmente y no constituidas, que realizan algún
tipo de activismo.
En este sentido, el reciente Encuentro Estatal de Asociaciones Civiles,
organizado por Coincidir A.C., Damas Carmen A.C., y Comunicadores y Emprendedores
A.C., la cual dirijo, logró con éxito y por primera vez, reunir a 45
presidentes además de representantes, luego de aproximadamente ocho años de no
participar las organizaciones en un foro de esta naturaleza, que estuvo colmado
de planteamientos, opiniones diversas y finalizó con la propuesta de crear una
red.
La sociedad civil organizada, hoy más que nunca está presente y empuja
fuerte ante los escenarios sociales, económicos y políticos, en su lucha por superar
las debilidades, carencias, así como conservar las fortalezas y oportunidades
que cada una tiene, según su objeto social.
De igual forma, pretende la inclusión, ciudadanización y concientización,
que le permita convertirse en inspiración capaz de motivar a más individuos a
participar, pasando del individualismo a un sano interés colectivo, donde las
voces de los ciudadanos proactivos no solo sean escuchadas sino también, incidan
en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.
El presente y futuro de las asociaciones civiles dependerá de la
consolidación de un proyecto que marque la pauta, hacia una vinculación real y
positiva, con el fin de unir esfuerzos y voluntades, que respondan a la
confianza ciudadana.
