Esta iniciativa propone garantizar y hacer efectivo el derecho humano al cuidado, previsto en instrumentos internacionales y para cuya confección se prevé como política pública, un Sistema Nacional de Cuidados.
El cuidado como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.
Además, requiere un claro compromiso con su progresividad; es decir, que para su realización y cumplimiento, el Estado esté obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz.
En este sentido, la iniciativa de reforma que hoy presento, busca que esta responsabilidad del Estado no quede en letra muerta.
Busca que se tomen las medidas para que una vez que sea aprobada por el Senado de la República, la reforma constitucional del derecho humano al cuidado, el ordenamiento de creación del Sistema Nacional de Cuidados pueda sustentarse con los recursos mínimos suficientes para su puesta en ejecución.
Esta iniciativa suscribe también el principio de interdependencia de los derechos humanos.
Esto es importante porque el reconocimiento y la garantía del derecho al cuidado, no puede ser entendida sin considerar otros derechos de las mujeres, en particular su derecho al trabajo digno, a la autonomía económica y a la realización de otros derechos como el que tienen a usar parte de su tiempo al autocuidado, al esparcimiento o a la cultura.
Bien sabemos que en las mujeres el ejercicio de estos derechos siempre está en tensión, debido a que históricamente la responsabilidad del trabajo de cuidados ha recaído abrumadoramente sobre sus hombros, y en su inmensa mayoría, sin remuneración alguna.
Más aún, el trabajo de cuidados es uno de los obstáculos más recurrentes que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado, y en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía.
De acuerdo con el INEGI, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.
Más de un millón tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.
Otro dato por demás contundente, muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más, que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar, y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.
La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres, éstas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.
Esta iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.
El grupo parlamentario del PRI, comprometido con derechos humanos, presenta esta iniciativa que reafirma la obligación del Estado para garantizarlos y protegerlos.
Consideramos que es un momento oportuno para prever la remoción de obstáculos que impidan o limiten la concreción de la reforma constitucional en materia de cuidado digno, buscando garantizar no solo el aprovechamiento de los recursos humanos y la infraestructura existente, sino dando viabilidad al arranque de la política nacional de cuidados, atendiendo las demandas más urgentes mediante la puesta en marcha del propio sistema.
También consideramos indispensable que en el futuro cercano los recursos no puedan ser disminuidos en términos reales respecto de los que se hayan asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Por su carácter universal, la reforma constitucional que espera ser aprobada en el Senado, garantizará el derecho de las personas al cuidado digno.
También será una reforma civilizatoria que puede cambiar la vida de las mujeres mexicanas, de manera que asegurar el mecanismo para el funcionamiento de la política pública que derivará en dicha reforma, no es solo una obligación impostergable, sino una deuda histórica con las mujeres, deuda que hoy más que nunca esta Legislatura de la paridad está obligada a pagar.
Muchas gracias.
