Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez.
Le cuento estimado lector, que en días pasados, reunido con algunos amigos, uno de ellos me comentó que pretendía presentar una denuncia en contra de un adolescente, que en la escuela acosaba a su hijo. Ahí me surgió la inquietud de escribir estas líneas.
Comencemos precisando que el acoso escolar, comúnmente conocido como bullying, no es una etiqueta mediática ni una exageración generacional. Es una forma de violencia real, con consecuencias profundas, que ocurre dentro y fuera de los espacios educativos y daña de manera muy seria, la integridad psíquica, emocional y en ocasiones física, de niños, niñas y adolescentes.
Pero, ¿qué es el acoso escolar?
Se trata de una conducta sistemática de agresión, que puede ser física, verbal, psicológica o social, ejercida por uno o varios estudiantes en contra de otro, con la intención de someterlo, intimidarlo o excluirlo. No es un hecho aislado ni un conflicto ocasional entre pares; su característica principal es la repetición y el desequilibrio de poder.
El bullying puede presentarse en prácticamente todos los niveles educativos: desde primaria, hasta la educación media superior. Aunque suele asociarse con la infancia, lo cierto es que en la adolescencia adquiere formas más complejas y, en ocasiones, más agresivas, sobre todo con el uso de redes sociales y medios digitales.
Ahora bien, es importante hacer una precisión jurídica: el acoso escolar, por sí mismo, no es delito en nuestro Estado. Sin embargo, ello no significa que sea irrelevante desde el punto de vista legal.
Por el contrario, muchas de las conductas que se cometen en el contexto del bullying, sí pueden encuadrar en delitos previstos en el Código Penal. Por ejemplo, cuando el acoso implica agresiones físicas, puede actualizar el delito de lesiones; cuando se destruyen o dañan pertenencias de la víctima, puede configurarse el daño en propiedad ajena; y cuando las conductas se basan en la exclusión o humillación por razones de origen, género, apariencia, condición social, religión o cualquier otra condición, podría constituir el delito de discriminación.
Es decir, el hecho de que el bullying no sea, en sí mismo, un delito autónomo, no impide que genere consecuencias jurídicas relevantes.
En el ámbito escolar, además, el acoso tiene implicaciones directas. Las instituciones educativas cuentan con reglamentos internos y protocolos que prevén sanciones administrativas para los estudiantes que incurren en estas conductas: desde amonestaciones y medidas disciplinarias, hasta suspensiones e incluso bajas definitivas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en quien ejerce la conducta. Las escuelas tienen un deber reforzado de cuidado y protección hacia sus estudiantes. Cuando una institución conoce la existencia de acoso escolar y no actúa de manera oportuna, adecuada y eficaz, puede incurrir en responsabilidad.
La omisión institucional no es menor. Ignorar, minimizar o postergar la atención de estos casos, puede traducirse en la vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como su integridad personal, su dignidad y su derecho a un entorno seguro para su desarrollo, lo cual, las instituciones educativas, tienen el ineludible deber de proteger y garantizar.
En ese sentido, el bullying no es sólo un problema disciplinario; hoy, se constituye como el origen de formas de violencia muy graves, que han provocado incluso, la pérdida de la vida de estudiantes víctimas de este mal social.
Por ello, la prevención resulta clave. Y ésta, no comienza en los reglamentos escolares, sino en casa. La forma en que educamos, el lenguaje que utilizamos, la manera en que resolvemos conflictos y el ejemplo que damos como adultos, son determinantes.
Las escuelas, por su parte, deben asumir un rol activo: capacitar a su personal, implementar protocolos claros, generar canales de denuncia accesibles y, sobre todo, actuar con seriedad ante cualquier indicio.
El acoso escolar no se combate con indiferencia ni con frases que lo minimicen, como la de “… los niños de hoy no aguantan nada, en mis tiempos las víctimas de bullyng, forjaban su carácter”. No amable lector, se enfrenta con información, con intervención oportuna y con una cultura que no tolere la violencia.
Porque cuando el bullying se normaliza, la violencia se institucionaliza; y ello, en cualquier sociedad, es una señal de alarma que no debemos ignorar
