La Policía Federal de Brasil ha presentado nuevas acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas el presunto cobro de más de 30 millones de reales (aproximadamente 5 millones de dólares) entre marzo de 2023 y febrero de 2024, sin justificación clara, lo que ha desatado sospechas de lavado de dinerot. Se indica que dichos fondos fueron principalmente transferidos mediante el sistema PIX y se correspondieron con inversiones realizadas por el propio Bolsonaro en ese período.
Además, se reveló que Bolsonaro habría explorado la posibilidad de buscar asilo político en Argentina. La Policía descubrió en su teléfono un borrador de solicitud dirigido al presidente argentino Javier Milei, redactado en 2024 al poco tiempo de que le fuera confiscado el pasaporte. Aunque su abogado negó que se tratara de un plan realista, la revelación intensificó la presión judicial.
El Tribunal Supremo de Brasil lo ha emplazado a dar explicaciones en un plazo de 48 horas sobre estas presuntas maniobras. Esta nueva etapa del proceso judicial se suma al conjunto de investigaciones en su contra, dentro del amplio caso por intento de golpe de Estado, en el que enfrenta numerosos cargos graves y podría ser sentenciado próximamente.
En reacción, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó que Bolsonaro y su hijo Eduardo enfrenten cargos adicionales por supuestamente promover medidas contra Brasil desde el exterior, incluyendo aranceles del 50 % impuestos por el gobierno estadounidense y presiones para frenar los procedimientos penales en su contra.
