Democracia eficaz, por: Luis Carlos Ugalde.
@LCUgalde
En
2007, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que prohibió que
los particulares contraten publicidad política de cualquier tipo durante las
campañas electorales y fuera de ellas.
En 2006, el PRI y la coalición de partidos que
apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, aquella formada por el PRD,
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo habían denunciado
que diversos grupos empresariales estaban induciendo el voto a favor del
candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón. Para paliar esa preocupación,
el IFE envió en mayo un oficio al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios, en el que se pedía evitar prácticas de
presión, compra o coacción del voto.
Varios empresarios reaccionaron con molestia. “No
hemos violado la ley, ¿por qué se nos acusa?”. En conversaciones privadas
decían que el oficio del IFE los colocaba como presuntos violadores de la ley.
Argumentaban que mientras López Obrador los había atacado por un largo periodo
de tiempo, ellos habían sido responsables y habían mantenido la calma. ¿Por qué
no podemos decir lo que pensamos, siempre y cuando no violemos la ley?,
preguntaban una y otra vez.
Hasta ese momento la clase empresarial del país se
había mantenido en una esfera de discreción. Mientras Andrés Manuel López
Obrador los acusaba y agredía, ellos se reservaban en sus opiniones. “Los
poderosos, los que no pagan impuestos, los que quieren mantener sus
privilegios”, eran frases que repetía con frecuencia el candidato de la
izquierda. A fines de junio llamó a los dirigentes del CCE “delincuentes de
cuello blanco y traficantes de influencias”. Los empresarios se habían
mantenido silenciosos, pero esa “prudencia” cambió.
El CCE produjo y pagó la transmisión de dos spots cuyo
propósito era alertar sobre los riesgos de un eventual triunfo de López
Obrador, aunque ninguno de ellos hacía referencia a partidos o candidatos ni
mencionaba la palabra ‘votar’. Los promocionales expresaban la importancia de
la estabilidad económica y de prevenir una crisis. Su difusión detonó la queja
de la parte afectada. Ante la petición del IFE (sin bases legales) de retirar
los spots para evitar la polarización del ambiente político,
los dirigentes empresariales argumentaron en privado: “Hemos sido responsables
y hemos mantenido silencio frente a las agresiones de que hemos sido objeto.
Tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista sin violar la ley”.
En 2007, el Congreso mexicano aprobó una reforma
constitucional que prohibió que los particulares contraten publicidad política
de cualquier tipo durante las campañas electorales y fuera de ellas. La nueva
normatividad dio al IFE, hoy INE, facultades para solicitar a los medios
electrónicos el retiro de spots. Con el argumento de que los
empresarios habían usado la influencia del dinero para denostar a López
Obrador, en 2007 la medicina fue callar a todos.
La semana pasada el Tribunal Electoral ordenó al INE
retirar los spots de Mexicanos Primero que promovían la
reforma educativa a través de la figura de niños-candidatos. Lo hizo porque
los spots –de forma explícita– invitaban a apoyar a aquellos
que favorecieran una postura política en detrimento del único opositor de
aquella, que es López Obrador. La pregunta es qué pasará en las próximas
semanas cuando diversos grupos quieran expresar su postura en temas de
seguridad pública, combate a la corrupción, feminicidios o reforma energética,
por mencionar algunos. Lo harán en redes sociales y en medios impresos, donde
no hay restricción alguna, pero algunos también podrán hacerlo en medios
electrónicos. Si usan la estrategia de advocacy, pueden promover
una causa sin necesidad de mencionar partidos ni invitar al voto.
¿Qué pasará si una organización compra tiempo aire
para expresar la importancia de contar con combustibles baratos y el PRI se
queja porque ayuda a López Obrador? ¿Y si una organización civil compra spots para
expresar la importancia de que haya mando único policial y entonces el PAN se
queja porque ayuda a José Antonio Meade y López Obrador, los dos que se han
expresado a favor de esa política pública? ¿Y si el Consejo Nacional
Agropecuario compra spots para decir que México requiere un
campo competitivo y Morena se queja de que busca afectar a López Obrador, quien
ha propuesto precios de garantía?
La reforma electoral de 2007 violenta la libertad de expresión
en medios electrónicos, pero como norma suprema debe respetarse. Pero los
márgenes de interpretación son muy ambiguos y darán lugar a litigios. Lo
equivocado de la política restriccionista de 2007 es que para alcanzar una
presunta equidad en la competencia se busca callar a quienes sí pueden hablar
debido a que muchos carecen de los medios para hacerlo. La medicina del futuro
debe buscar fórmulas para que todos puedan hablar, en lugar de salidas falsas
que callen a todos.
* Incluye
fragmentos de mi libro Así lo viví.
Testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia
moderna de México (Grijalbo, 2008).
