Por Ernesto Guerra de la Peña
@ernestoguerrap / ernesto.guerramx@gmail.com
Las organizaciones sociales en nuestro país se encuentran a punto de ser desamparadas por un gobierno que ha decidido hacerlas a un lado. Los trabajos que han realizado durante décadas y que buscaban generar un impacto positivo en las poblaciones en situación vulnerable, en la atención a los grupos indígenas y la realización de acciones en materia de salud, derechos humanos, transparencia, entre otras, se verán afectados como consecuencia de un gobierno que ha decidido retirar los apoyos gubernamentales a partir de los casos de opacidad y corrupción que han surgido en algunas de estas organizaciones durante su intermediación con el gobierno federal.
No todas las organizaciones se dirigen conforme a la ética y actúan de manera correcta, como se ha expuesto últimamente en los medios de comunicación, existen organizaciones no gubernamentales que han utilizado el recurso público para sacar un beneficio propio, ya sea por medio de financiamiento para conferencias o cursos y utilizando el recurso para ejecutar cuestiones operativas. Uno de los casos, que más causaron controversia y llamaron la atención de la ciudadanía, dados a conocer por la nueva administración fue el de una organización altruista que utilizaba recursos del presupuesto federal para la organización de torneos de golf.
El problema de la administración federal radica en la generalización apresurada que utiliza en la toma de las decisiones, que es definida como: “una falacia que se comete al inferir una conclusión de una prueba insuficiente”. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, el gobierno consideró oportuno detener los recursos y catalogar a las 40 mil organizaciones de corruptas, sin darse a la tarea de investigar y detectar a los funcionarios y organizaciones quienes habrìan incurrido en estos delitos.
Otra de las decisiones del gobierno que fueron criticadas por analistas, líderes de diversas organizaciones y la CNDH fue el recorte presupuestal al programa de las Estancias Infantiles. Según cifras registradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) gracias al programa de Estancias Infantiles, las mamás tenían hasta 18% más de probabilidad de incorporarse a un empleo. El estudio también revela que el 93.9 % de los beneficiarios consideraba que este programa les daba la oportunidad de contar con mayor salud mental e ingresos. El parecido de los recortes del presupuesto federal en ambos casos es que se quieren eliminar los programas con beneficio social a partir de hallazgos de irregularidades generalizando de manera absurda, como tambìen convertir la política social en clientelismo electoral al entregar los recursos directamente a los ciudadanos.
La administración federal se encuentra confiada debido al porcentaje histórico de respaldo ciudadano con el que cuenta, pues con tan solo 100 días en el poder, el gobierno encabezado por López Obrador tiene el 78% de aprobación según una encuesta publicada por El Financiero, o sea que ocho de de cada diez mexicanos lo aprueba. Pero son estas decisiones controversiales las que ponen en duda el tiempo que le durará la luna de miel a la cuarta transformaicòn. El tiempo nos lo dirá.
