Por Eduardo Ruiz-Healy
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El 28 de octubre de 2020 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el cual nuestros legisladores federales
nos invitaron a opinar, mediante la consulta popular que se realizará el 1 de
agosto venidero, sobre “las acciones para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos”.
Quien participe deberá presentarse en la casilla de
votación que le corresponda, se identificará con su credencial para votar, marcará con un sí o un
no la pregunta que estará impresa en la papeleta que se le entregará y luego
depositará ésta dentro de una urna que ahí estará colocada.
La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se
lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar
la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Esta es muy diferente a la que el presidente Andrés
Manuel López Obrador sugirió cuando en agosto del año pasado le envió al Senado
su propuesta de consulta: “¿Está de acuerdo o no con que autoridades
competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y,
en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y
después de sus respectivas gestiones?”.
Por diversas razones legales y para “hacerla
congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de
cualquier elemento que la vicie”, la SCJN la modificó y es la que será sometida
a consulta.
El Artículo 35 de la Constitución señala que para
que la consulta sea vinculatoria, el 1 de agosto deberá participar por lo menos
el 40% de los 93 439 999 ciudadanos que, de acuerdo con el corte realizado el
25 de junio pasado, están incluidos en la lista nominal del INE.
¿Participarán 37 millones 376 mil personas? Es difícil saberlo porque es
la primera vez que en México se realiza algo así.
Si nos atenemos al porcentaje de la lista nominal
que votó en las elecciones intermedias de 2009, 2015 y 2021, es probable que
sí. En esos años la participación fue del 44.6%, 47.72% y 52.66%,
respectivamente. Sin embargo, no es lo mismo ir a votar por legisladores
federales y locales, presidentes municipales y gobernadores que dedicar parte
de un domingo para ir a una casilla solo para responder a una pregunta.
Hasta ahora, no he visto encuesta alguna que indique
cuántas personas han decidido participar en la consulta; pero el miércoles
pasado realicé un sondeo –que no encuesta– entre mis seguidores de Twitter, a
quienes les pregunté: “¿Piensas votar en la consulta popular del 1 de agosto
para que se investiguen los probables delitos de los políticos y funcionarios
del pasado?”.
De las 3, 904 personas que respondieron, el 87% dijo
que no.
Curiosamente, el mismo Andrés Manuel, a pesar de ser
el promotor de la consulta, ha dicho que no participará porque él está
“pensando hacia adelante”.
Creo que millones de mexicanos, por razones
similares o distintas a las de él, tampoco participaremos.
