Editorial, La Revista Peninsular.
Andrés Manuel López Obrador tiene una concepción
equivocada del cargo que se le confirió. No es su cargo para hacer y deshacer
con él lo quiera, es una investidura contemplada y regulada por la
Constitución, la cual debe ostentar por seis años.
Desde su campaña, pretendía atentar contra la
solemnidad presidencial con propuestas populistas como dejar de residir en “Los
Pinos” o vender el avión presidencial.
Sobre éstas, “Los Pinos” fue dispuesta como residencia
presidencial para que el presidente no viviera en un palacio, como lo es el
Palacio Nacional (lugar dónde hoy vive Andrés Manuel y su familia); y el avión
aún no se ha vendido, por lo que le cuesta a los mexicanos sin ser utilizado.
Otra de estas ideas, es la de establecer una consulta
ciudadana a mitad de su gestión para decidir sobre la revocación de su mandato.
Esta idea fue criticada porque se constituye un precedente para legitimar la
posible reelección del presidente, como ha sucedido en países latinoamericanos;
también se consideró como una forma de hacer campaña junto a los candidatos de
Morena en el próximo proceso electoral; y tras las consultas ciudadanas y a
mano alzada que ha llevado a cabo, las cuál carecen de credibilidad, fue
criticada la legitimidad y formalidad que tendría el proceso de votación.
En sus múltiples campañas electorales, Andrés Manuel
fue señalado por la presunta intención de buscar la reelección una vez que
obtuviese la presidencia, lo cual negó sistemáticamente. Incluso, en esta
última campaña alegó que después del sexenio su edad le haría inconveniente
seguir aspirando al cargo.
En las últimas semanas, el tema de la reelección
volvió a adquirir auge al ser aprobada la infame Ley Bonilla, la cual permite
extender el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de
dos a cinco años.
Este acto ha sido criticado por múltiples figuras
políticas por su evidente inconstitucionalidad. Los mismos militantes de Morena
se han pronunciado contra sus compañeros legisladores y han amenazado con
entablar juicio político contra estos; asimismo, representantes del INE han
denunciado que se crea un peligroso precedente para normalizar la ampliación de
mandatos; y representantes de partidos políticos, como Marko Cortés, han
denunciado que la situación de Baja California es orquestada por Andrés Manuel
López Obrador para medir la recepción que tendría su posible reelección.
Esta última suposición no es descabellada si
consideramos que Jaime Bonilla es una persona de confianza del presidente,
quien ha fungido como principal operador político de la zona, y ha ocupado
distintos cargos públicos militando por Morena.
A esto se le suma la postura que ha tomado el presidente
de abstenerse de emitir comentario alguno. Andrés Manuel alega que debe
respetar la autonomía de poderes y que al no involucrarse garantiza que
presidencia no se inmiscuye en los asuntos internos de los estados, como se
acostumbraba en tiempos de “la mafia del poder”. Esta postura ha hecho eco en
la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy Secretaria
General de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien compartió que personalmente
consideraba anticonstitucional la ley, pero su cargo le impedía tomar postura u
acción.
Por el contrario, diversos políticos, como la diputada
Tatiana Clouthier, aseguran que el ejecutivo federal puede tomar cartas en el
asunto mediante la Consejería Jurídica, ya que es obligación del presidente
velar por la Carta Magna, y el estado de derecho del país.
Ojalá el presidente mostrara contra Bonilla un poco de
la indignación que ha profanado contra Proceso por ser muy críticos con su
gobierno.
Lo que sí hizo Andrés Manuel fue ponerse como
protagonista de la situación, y acaparó medios al firmar ante notario una carta
compromiso en la que reafirma no buscar la reelección al terminar su
sexenio. El segundo párrafo de esta
carta es de especial atención, pues estipula que el pueblo tiene el derecho de
modificar la Constitución y establecer la forma de gobierno que prefiera, cuya
interpretación podría abrir la puerta a situaciones que comprometan las
instituciones democráticas del país.
Un político debe saber ser pero, más importante, debe
saber dejar de ser; cada vez que le atribuye a su persona alguna facultad o
beneficio propio de su cargo, hace más complicado el dejar de ser. López
Obrador ha trabajado tanto para amoldar el cargo de presidente a su persona que
naturalmente se le hará difícil dejar de ser presidente.
Me gustaría decir que la carta compromiso de Andrés
Manuel es suficiente para garantizar que no buscará reelegirse, pero él ha
demostrado tener una pobre memoria histórica; esto le ha hecho caer en
evidentes incongruencias, como apoyar la ley garrote cuando por años su medio
de difusión y acción política eran las manifestaciones, o como celebrar el
crecimiento económico de 0.1% cuando criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto
en 2014 por un crecimiento de 0.8%.
Al presidente no le asusta morderse la lengua.
