Siete alcaldes afiliados a Morena en el estado de Campeche emitieron un pronunciamiento en contra de la reciente decisión del Congreso local de reinstalar el fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, una medida aprobada en días pasados que ha generado una profunda división política dentro del movimiento gobernante y tensiones con la gobernadora Layda Sansores San Román. Los presidentes municipales de Carmen, Champotón, Seybaplaya, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria rechazaron la reinstalación del fuero en un desplegado público en el que demandaron claridad sobre el proceso y cuestionaron la legitimidad de la decisión adoptada en una sesión reservada de la Legislatura. Señalaron que el fuero no debe constituir un privilegio ni un blindaje político, advirtió que su restitución puede debilitar la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y contribuye a una percepción de impunidad entre los servidores públicos.
Los alcaldes recordaron que la eliminación del fuero fue una demanda promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, quienes impulsaron reformas para que los servidores públicos respondan ante la justicia como cualquier ciudadano. En su pronunciamiento, los ediles hicieron referencia a estas posturas y plantearon interrogantes sobre las razones de la reinstalación del fuero en el Congreso estatal, exigiendo una explicación pública inmediata ante la ciudadanía. Las declaraciones se suman a un ambiente de creciente tensión política en la entidad, donde diversos actores han expresado opiniones encontradas sobre la legitimidad y alcance de la medida.
El origen de la controversia data de la propuesta de Ley de Ingresos para 2026 presentada por el Ejecutivo estatal, documento que incluía la contratación de una deuda por mil millones de pesos y que fue motivo de rechazo por parte de una parte de la bancada de Morena en el Congreso local. El líder parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez había manifestado públicamente la necesidad de analizar la iniciativa con mayor detenimiento y de buscar alternativas para evitar endeudar al estado, generando fricciones internas que se profundizaron con la aprobación de la reinstalación del fuero.
La decisión de restaurar el fuero se adoptó en una sesión bajo reserva, lo que también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo. La medida se considera por algunos legisladores como un mecanismo de protección ante eventuales acciones legales o persecución política; sin embargo, críticos de la restauración sostienen que la prerrogativa representa un retroceso en términos de rendición de cuentas y abre la puerta a privilegios indebidos para legisladores y funcionarios.
La postura de los alcaldes morenistas no es aislada dentro de la entidad, ya que la fractura interna de Morena en Campeche ha escalado en los últimos días. En el Congreso local, diez de los 16 diputados de ese partido rompieron con la gobernadora Layda Sansores por diferencias relacionadas no solo con el fuero, sino con la aprobación del endeudamiento y la conducción de la agenda legislativa, lo que ha profundizado la crisis política regional. Desde la bancada disidente, se argumenta que la restauración del fuero responde a presiones internas y a la búsqueda de resguardar inmunidades ante posibles procesos judiciales, una interpretación que ha sido parte de la narrativa pública de la división.
En respuesta a la situación que se vive en Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la serenidad y a la paz social, evitando emitir una postura directa sobre el fondo de la controversia en el estado. Su llamado busca contener posibles tensiones y preservar la estabilidad política en la entidad, ante un escenario que ha colocado al partido en el poder en una posición particularmente dividida.
La pugna política en Campeche refleja elementos de un conflicto más amplio dentro de Morena, donde las diferencias entre legisladores, ejecutivos estatales y dirigentes partidistas en torno a temas como el fuero, la deuda pública y el ejercicio del poder han marcado un ambiente de polarización que no solo afecta la gestión gubernamental, sino también la percepción ciudadana sobre la cohesión y rumbo del proyecto político en la entidad.
