Construyendo, por: Raúl Asís Monforte González.
Unas cuantas semanas atrás fue un grupo de congresistas de los Estados Unidos, solicitando al aún presidente de
ese país, Donald Trump, que meta en cintura a México y le corrija sus pretensiones de favorecer,
inconstitucionalmente, a las empresas estatales del sector energía, y que respete el estado de derecho y los
acuerdos que forman parte del T-MEC.
Hace un par de días, la Cámara de Comercio de Canadá en México fijó su postura al respecto, en similares términos
y con firmeza. La CANCHAM reconoce la soberanía de México, que es exactamente la misma que tienen USA y
Canadá, sobre sus recursos naturales, pero recuerda al gobierno federal los compromisos que asumió al firmar
diversos tratados, entre ellos, el no discriminar a inversionistas extranjeros por sobre los nacionales, no tomar
medidas que signifiquen una expropiación disfrazada, no dictar resoluciones caprichosas, ni permitir que sus
órganos reguladores sean omisos al no resolver expedientes, como está sucediendo en la CRE.
Se anima inclusive la CANCHAM, a recordarle al Gobierno Federal, que en su propio Plan Nacional de Desarrollo, se
obligó a establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente, lo cual solo podrá
alcanzarse si se promueve la participación de inversionistas privados, en especial los de energías renovables, y se
respetan los compromisos internacionales que México ha asumido. Finaliza invitando al gobierno mexicano, a
comportarse como un socio comercial serio y confiable, con una visión moderna y de largo plazo, recordando
además que las decisiones sobre estos temas tienen una directa incidencia sobre la salud de los mexicanos.
La política energética mexicana, no favoreció en modo alguno la competitividad, evitó fortalecer el régimen
democrático, impuso obstáculos indebidos a las energías renovables y significó un atentado para la salud de
millones de mexicanos. Lo anterior no es una opinión, son hechos comprobados. Por tal motivo, esa política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cuyo acuerdo fue publicado en el
DOF del 15 de mayo de este año, ya fue declarada inconstitucional y con aplicación general, por un juzgado, al
emitir sentencia en una demanda de amparo. Es decir, que esa política es hoy inválida. En consecuencia, el gobierno
federal tiene la obligación de emitir otra completamente nueva, y distinta.
Durante ya dos años de gobierno, de decisiones absurdas y caprichosas, el presidente ha demostrado que no sabe
rectificar. Es testarudo al sostenerse en sus errores, antes que reconocer una equivocación. Reiteradamente, desde
que surgieron los primeros amparos, sentenció que si el fallo de los tribunales le era adverso, enviaría una iniciativa
de reforma constitucional para revertir la reforma energética. Sería muy peligroso que lo hiciera, el costo económico
y reputacional para el país, sería desastroso.
¿Será ésta la primera oportunidad de que se reconozca un error y se dirija una nueva política en el sentido contrario
al que iba?
Ya nada parece evitar que Joe Biden sea el próximo residente de la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero, y
entre sus más tempranas acciones ejecutivas, se encuentran re ingresar a su país en el Acuerdo de París, y emitir de
inmediato órdenes ejecutivas que definan las prioridades de lo que ha llamado “El Plan Biden para una Revolución
en Energía Limpia y Justicia Medioambiental”, que incluye inversiones por 2 trillones de dólares o mayores, en un
paquete de infraestructura de comunicaciones y transportes para dotar de resistencia y resiliencia ante el cambio
climático, a puertos, carreteras, puentes, vías férreas y otros sistemas de transporte público. Parte de esa inversión
también incluye mejoras sustanciales a edificios, escuelas y hogares, para hacerlos energéticamente eficientes y
sostenibles. Una ambiciosa meta de contar con una red eléctrica cero emisiones para el año 2035, es una estrella
que brilla con intensidad en este destacado plan, seguida por la reinstalación de reglas para las emisiones de
metano (gas natural), limitar el financiamiento y los subsidios a proyectos de exportación de combustibles fósiles,
y otras contundentes medidas.
A pesar de la incomprensible terquedad de no haber querido aún felicitar el triunfo de Biden, ni de recibirle una
llamada telefónica, llegará inevitablemente el momento de sentarse ante una mesa y mostrar las cartas. La política
energética mexicana, tan absurda como inmoral, ha perdido la batalla interna, demostrando que la razón asiste a
miles de mexicanos que con profesionalismo y respeto han señalado los errores. Los congresistas norteamericanos
han dejado clara su postura, lo mismo que la Cámara de Comercio canadiense, el presidente electo Biden tiene el
tema entre sus máximas prioridades.
¿Podremos ver que por fin México respete su propio estado de derecho, los acuerdos internacionales, promueva la
competitividad y la participación privada, fomente las energías limpias, proteja el medio ambiente y la salud de los
mexicanos? ¿Llegará por fin a Palacio Nacional la cordura, y veremos una nueva política alineada con la verdad y lo
que es ética y moralmente correcto?
Raúl Asís Monforte González
© Copyright 2020. Raúl Asís Monforte González. Todos los derechos reservados.
Mérida, Yucatán a 15 de noviembre de 2020
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