La Procuraduría General de la Nación decidió suspender de manera provisional al Juan Miguel Huertas, general y comandante de Personal del Ejército, y al Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una investigación por supuestos vínculos con las disidencias comandadas por Calarcá.
La suspensión, dispuesta el 27 de noviembre de 2025, busca garantizar “el debido proceso” y evitar que los implicados interfieran en la investigación o tengan acceso a información reservada que pudiera permitir la repetición de las conductas denunciadas.
El fondo del caso se basa en un reporte periodístico que presentó decenas de correos electrónicos y chats supuestamente obtenidos tras un operativo realizado en julio de 2024, cuando fueron incautados equipos electrónicos, armas y documentos, durante un control militar en Anorí (Antioquia). Esos archivos —según la denuncia— muestran que Huertas y Mejía facilitaron rutas seguras, permisos de porte de armas y movilidad para comandantes guerrilleros del grupo disidente.
Adicionalmente, se menciona que los implicados habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad privada para dar “aparente legalidad” a miembros de la disidencia ante un eventual fracaso del proceso de paz.
La suspensión no equivale a una declaración de culpabilidad. Como afirmó el procurador encargado del caso: “No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante”.
El proceso continuará con las investigaciones correspondientes, en medio de un contexto de creciente preocupación institucional por la posible infiltración de estructuras armadas al interior de entidades de seguridad del Estado.
