Por: Eduardo Ruíz-Healy
Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán
rechazaron hace unos días que los jueces del país sean electos a través del
voto popular, tal como lo ha propuesto desde hace meses el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Ayer AMLO les respondió así: “Si a esas vamos, no se podría
elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial y llevaría
a que fue selecto por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo de
eminencias y no el pueblo… ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados
y ministros?”.
Su respuesta demuestra que olvida que el Artículo 82 de la
Constitución no habla de perfil alguno para ser presidente de la república.
Peor aún, parece que ignora por qué la mayoría de los constituyentes de 1824,
1857 y 1917 optaron porque la elección de los jueces no fuera por el voto
popular. O tal vez cree saber más que todos ellos juntos.
AMLO parece no entender que la búsqueda del equilibrio entre
la democracia representativa y la independencia judicial se refleja claramente
en los procesos que establece la Constitución para la selección del Presidente
y de los jueces que conforman el Poder Judicial
La elección del Presidente mediante voto popular directo es
el reflejo de los anhelos democráticos del país, donde el jefe del Ejecutivo no
solo encarna el papel de líder político y de estado, sino que también simboliza
la voluntad popular. Su elección directa pretende asegurar legitimidad
democrática y rendición de cuentas.
En contraste, los jueces federales y locales son designados
por diversos métodos, pero nunca por elección popular. Los ministros de la SCJN
son nombrados en un juego de poder donde el Presidente propone y el Senado
ratifica. Este proceso pretende preservar la independencia judicial que a
menudo se ve amenazada por la influencia política y las negociaciones en las
altas esferas del poder. Al margen de las presiones electorales, lo que se
busca es que los jueces permanezcan imparciales, especialmente cuando sus
decisiones legales se entrelazan con intereses políticos.
Al ordenar la separación de poderes, la Constitución busca
crear un equilibro entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin
embargo, lograrlo es frecuentemente muy difícil porque los tres buscan dominar
o influir en los otros. En la práctica, la independencia del Judicial enfrenta
constantes desafíos.
El principio de independencia judicial es más que un ideal;
es una necesidad en un sistema donde prevalecen las presiones políticas y los
intereses de grupo. Aunque el proceso de nombramiento busca proteger a los
jueces de estas influencias, la realidad es que la política rara vez se
mantiene al margen en estas decisiones.
El sistema mexicano, en su intento por equilibrar
representación popular con justicia imparcial, comparte rasgos con otras
democracias, en donde las teorías se enfrentan con la práctica, revelando las
tensiones y desafíos de mantener un equilibrio en un entorno político complejo
y a menudo turbulento.
Sobre el tema, la ministra Ortiz Ahlf, que es afín a AMLO y
a la 4T, dijo el domingo que “No podemos permitir, los que aspiramos a ser
Ministros de la Corte, llegar por un voto popular”.
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