Por: Eduardo Ruiz-Healy.
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Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López
Obrador el martes pasado: “como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio
en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez (…) perdieron la
vida 39 migrantes. (…) se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y,
como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y
les prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible
desgracia”.
Lo que tampoco imaginaron los 68 extranjeros que
estaban encerrados en ese lugar es que ninguno de sus vigilantes les abriría
las puertas para que pudieran escapar de las llamas que mataron a 40 de ellos.
Será la FGR la que aclare lo que sucedió, aunque es
probable que no se nos dará la versión completa del caso ya que desde el martes
los principales funcionarios encargados del tema migratorio lo politizaron al
tratar de exculparse, echándole la bolita a otros.
AMLO culpó, primero, a los que le prendieron fuego a
las colchonetas y, luego, a periodistas que “Están muy interesados en ésto, más
por el dolor que les puede causar, por el amarillismo. Estoy viendo lo de las
redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de
comunicación están en contra de nosotros”.
El secretario de Gobernación Adán Augusto López
Hernández, entrevistado por Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula,
responsabilizó a Marcelo Ebrard al decir que “hay un acuerdo al interior del
gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga
del tema migratorio”, mientras que éste se limitó a responderle vía Twitter que
“Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual
debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.
El “acuerdo al interior del gobierno” que esgrimió
López Hernández para responsabilizar a Ebrard es el decreto que expidió AMLO en
septiembre de 2019 que creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral
en Materia Migratoria, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
cuyo objeto es “fungir como instancia de coordinación de las políticas,
programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en
materia migratoria, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias
de coordinación que al efecto establezca la Comisión en dicha materia”.
Sin embargo, la Ley de Migración vigente señala que la
Secretaría de Gobernación es responsable de “Fijar y suprimir los lugares
destinados al tránsito internacional de personas” y que al Instituto Nacional
de Migración (INM), que es un órgano administrativo desconcentrado de dicha
secretaría, le corresponde “Presentar en las estaciones migratorias o en los
lugares habilitados para tal fin, a las personas” y que “Para la presentación
de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará
estancias provisionales en los lugares de la República que estime
convenientes”.
Con base en lo anterior es de suponerse que el INM
administra la estación migratoria de Ciudad Juárez de acuerdo a las “políticas,
programas y acciones” que coordina Relaciones Exteriores.
Bien haría AMLO en aclarar este punto con el fin de
deslindar responsabilidades.
