El 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La iniciativa, que ha generado un intenso debate, propone cambios profundos en el sistema judicial del país. Entre las reformas más destacadas se incluye la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia mediante voto popular, una medida que AMLO considera necesaria para garantizar una verdadera representación del pueblo en el Poder Judicial.
El presidente argumenta que esta reforma es crucial para corregir lo que considera una “atrofia” en el sistema judicial, producto de acuerdos entre partidos políticos tradicionales que, según su punto de vista, han comprometido la independencia de las instituciones judiciales. López Obrador ha señalado que, al igual que la Constitución liberal de 1857, el pueblo debe ser quien elija a los miembros del máximo tribunal, haciendo referencia al sistema utilizado en tiempos del presidente Benito Juárez.
La propuesta ya ha sido aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados y ahora se espera que el Senado de la República revise el dictamen. A pesar del apoyo en el Congreso, la reforma ha enfrentado una fuerte oposición por parte de actores políticos y del mismo Poder Judicial, quienes argumentan que esta medida podría comprometer la independencia de los jueces y su capacidad para impartir justicia sin presiones políticas.
La iniciativa también incluye otros puntos clave, como la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, de 11 a 9, y la eliminación de la pensión vitalicia para magistrados y ministros, con el objetivo de aumentar la transparencia en el uso de los recursos del Poder Judicial.
