Por: Pascal Beltrán Del Río.
Hay tiro. Y es que para pelearse se necesitan dos. El
pleito escala. Aquí es irrelevante quién lo inició.
Ambos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el
grupo de mandatarios estatales insumisos, ya están arriba del ring, dándose con
todo.
“No me van a ningunear”, demanda el Ejecutivo. “No
somos súbditos”, responden los gobernadores.
¿De qué cuero saldrán más correas?
Dos grupos de mandatarios estatales se han convertido
en la oposición de facto del país ante la irrelevancia en que han caído los
partidos políticos.
Están, por un lado, los gobernadores del noreste
–Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila–, a los que se han ido sumando los de otros
estados: Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.
Por otro, los de los estados gobernados por Acción
Nacional: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.
En total, 14 de los 32 mandatarios estatales –más
otros que eventualmente podrían sumarse a la bola, como el de Nayarit– se
encuentran en abierta rebeldía contra la Federación, con demandas como la
aplicación de su propio semáforo epidemiológico y el replanteamiento del pacto
fiscal.
No se había visto tal activismo de los gobernadores
desde las reuniones que llevaron a la conformación de la Conago, durante la
primera mitad del sexenio del presidente Vicente Fox.
Éste terminó por dar su brazo a torcer y se dio un
acomodo entre el centro y los estados que duró tres sexenios, durante los
cuales los gobernadores se convirtieron en señores de su feudo.
Sin embargo, López Obrador decidió cambiar el arreglo
y comenzó su periodo metiendo calambres a los mandatarios estatales,
colocándolos bajo la vigilancia de los llamados superdelegados y hostigándolos
mediante manifestaciones de simpatizantes de la Cuarta Transformación.
Hoy los gobernadores rebeldes han logrado equilibrar
el juego, colocándose todos juntos en el otro lado de la balanza. Si el
Presidente pesa 30 millones de votos, esos 14 estados pesan 45 millones de
habitantes y 40 por ciento del PIB nacional.
No han podido aplacarlos ni con la amenaza de
lanzarles al “pueblo” a las calles, como amagó, el mes pasado, la senadora
morenista Ana Lilia Rivera.
En la conferencia mañanera, López Obrador siguió su
andanada contra los gobernadores que se salieron del redil en el que quiso
meterlos.
Les advirtió que estará vigilando su actuación en las
elecciones que se celebrarán el año entrante, cuando habrá comicios locales en
todas las entidades del país, además de la renovación de la Cámara de
Diputados.
“Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de
las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres.
Que no estén pensando los gobernadores que no se va a meter el gobierno
federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de
acarreo, de reparto de dádivas…
“Y, además, existe la fiscalía electoral y es delito
grave el fraude electoral. Y si se meten y se demuestra que se está utilizando
dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el
responsable tiene que ser castigado y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy
a hacer, porque otro de los compromisos que tenemos como parte fundamental de
la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya
democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades”.
Eso les mandó decir desde Tlaxcala, en el segundo día
de su segunda gira desde que comenzó a levantarse el confinamiento por el
covid-19.
Un par de giras en las que, por cierto, el Presidente
se ha ido rodeando veredas, como dice la canción. No ha pasado por Guanajuato
ni por Jalisco ni por Tamaulipas, quizá porque se imagina parado en una
mañanera junto a Diego Sinhue Rodríguez, Enrique Alfaro o Francisco García
Cabeza de Vaca y ahí lo hiere el recuerdo. O el orgullo.
