Por: Eduardo Ruíz-Healy.
Para el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, el amor y la amistad brillaron ayer por su ausencia porque fue el día en que estaba obligado a comparecer ante el juez de control federal Marco Antonio Fuente para responder a la acusación que contra el hizo el exdirector general de PEMEX Emilio Lozoya, quien asegura que le entregó un soborno de 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la Reforma Energética aprobada por el Congreso Permanente en 2013.
En su denuncia, el hoy preso Lozoya, afirmó que “Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya”. El dinero en efectivo supuestamente se le entregó a Osiris Hernández, quien era secretario particular del entonces diputado federal panista.
La comparecencia de ayer originalmente debería haberse efectuado el 4 de octubre de 2021, pero se prorrogó varias veces por solicitud de Anaya. Sin embargo, la de ayer era improrrogable y su abogado, Eduardo Aguilar, le dijo al juez que no sabía por qué su cliente no llegó y pidió aplazarla para otro día, siendo denegada su solicitud.
Fuente le dijo al representante de la Fiscalía General de la República (FGR) que podría solicitar una orden de aprehensión en contra de quien pronto será considerado prófugo de la justicia.
Lo que me llama la atención de este caso que la FGR solo ha actuado en contra dos de los muchos exfuncionarios que Lozoya acusó de ser corruptos.
Los señalados son:
Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente uso sus influencias para que PEMEX indemnizara con 15 millones de dólares a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializadas (TRESE), vinculada con un hijo del expresidente.
Felipe Calderón Hinojosa. Supuestamente vendió en condiciones desventajosas para PEMEX la planta Etileno XXI a Braksem, filial de Odebrecht. En su denuncia, Lozoya anotó que ““las voces que representaban los intereses de la Nación fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentalizadas por José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía; Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2012”.
Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Lozoya, el expresidente organizó junto con Luis Videgaray un “aparato organizado” para enriquecerse a costa de PEMEX. Además, dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se recibieran los sobornos de Odebrecht.
Los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca [hoy gobernador de Tamaulipas] y el priista David Penchyna Grub, supuestamente fueron sobornados con 97.1 millones de pesos para votar a favor de la Reforma Energética. Lavalle fue encarcelado el 9 de abril del año pasado.
Carlos Treviño Medina, también exdirector de PEMEX, recibió un soborno de 4 390 000 pesos.
Las preguntas obligadas son: ¿Por qué la FGR solo ha actuado hasta ahora contra Lavalle y Anaya? ¿Porque siguen tan tranquilos los demás, especialmente Videgaray, quien de acuerdo con la FGR es el que le envió a Lozoya 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht para sobornar a los legisladores? ¿Es este un caso que obedece a razones puramente políticas?
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