Editorial La Revista Peninsular
La revocación de mandato ha dominado la discusión pública desde hace algunas semanas y lo más probable es que lo siga haciendo, por lo menos, durante la primera mitad del 2022. El asunto tiene varias aristas dignas de comentar como la legitimidad de las firmas recaudadas para solicitar el ejercicio o la utilidad del mismo, pero habremos de reflexionar sobre éstas en las siguientes semanas. En el presente editorial, nos enfocaremos en una situación que tiene el potencial de vulnerar la democracia mexicana: la hostilidad del gobierno federal y sus aliados hacia el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para empezar, recordemos que la revocación de mandato es un instrumento de participación que solicitan los ciudadanos para someter a consulta la continuidad del Presidente de la República tras perdido confianza en su desempeño. Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió someterse a ésta figura si ganaba la presidencia y, una vez que llegó al poder, hizo las gestiones necesarias para incluirla en el marco jurídico mexicano.
De acuerdo a lo establecido en la legislación, el ejercicio se debe llevar a cabo el próximo 10 de abril y su organización le corresponde al INE. Siguiendo lo dispuesto en la ley, la autoridad electoral comenzó los procesos de planeación correspondientes y armó el presupuesto que se requeriría para una correcta organización, pero la Cámara de Diputados ignoró el monto solicitado y otorgó una cantidad considerablemente menor.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, explicó que, con la cantidad otorgada por los legisladores y los ajustes presupuestales realizados por el instituto, consiguió 1,500 millones de pesos, pero aún necesita 2,300 millones de pesos más para cubrir los 3,800 millones de pesos que cuesta el ejercicio.
Debido a ésta insuficiencia presupuestal, el INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues consideró que, al no otorgarle recursos suficientes para garantizar la legitimidad del ejercicio, la Cámara Baja le impedía cumplir con sus obligaciones legales. La autoridad electoral también solicitó la suspensión de la organización en tanto se resolvía el conflicto del presupuesto.
La SCJN admitió analizar la controversia, pero negó la suspensión solicitada y argumentó que aún no es seguro que se realice la revocación de mandato pues falta terminar con el conteo y validación de firmas de solicitud; en otras palabras, no se puede suspender un acto incierto. Tras revisar la disposición de la Corte, el INE consideró que no se le obligó a realizar acto alguno por lo cual emitió un acuerdo para suspender la organización del ejercicio en tanto se define la situación presupuestal.
Es importante señalar que este acuerdo fue aprobado por 6 de los 11 consejeros electorales, lo cual significa que 5 estuvieron en contra del proyecto.
En respuesta al acuerdo del INE, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, en calidad de presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y otros actores políticos vinculados a Morena interpusieron recursos y controversias ante la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si bien, tanto la Corte como el TEPJF coincidieron en que el INE no podía suspender la realización del ejercicio, el segundo fue más allá al determinar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debía solventar la insuficiencia presupuestaria alegada por la autoridad electoral.
Lamentablemente, estos procesos e impugnaciones legales han estado acompañados de ataques y denostaciones en contra del INE. Dado que los roces entre el gobierno federal y la autoridad electoral existen prácticamente desde que comenzó el sexenio, no es novedad que simpatizantes del partido guinda ataquen al instituto electoral. No obstante, podemos ver que ahora éstos señalamientos versan en torno a la organización de la revocación de mandato y el presupuesto del instituto.
El principal señalamiento de los críticos de la autoridad electoral es que ésta sí tiene recursos suficientes para organizar la revocación de mandato adecuadamente, pero se rehúsa a recortar gastos excesivos.
Sobre lo anterior, debemos mencionar lo dicho por el consejero electoral Uuc-kib Espadas respecto a que ésta línea argumentativa es imprecisa pues, si los 11 consejeros electorales redujeran al 100% su salario durante un año, se necesitarían 162 años para cubrir el costo de la revocación de mandato. Además, explicó que, si todos los funcionarios del INE que ganan salarios altos redujeran al 100% su sueldo durante un año, se recaudaría menos del 3% del costo del ejercicio.
El consejero presidente Lorenzo Córdova advirtió que, si no se otorga el presupuesto solicitado, el INE se vería obligado a hacer lo que pueda con lo que tenga. Esto significa que se tendrían que instalar menos casillas que las contempladas en la ley, entre otras limitaciones las cuales podrían dejar en entredicho la legitimidad y veracidad del ejercicio.
No todos los desplantes en contra del INE han sido admitidos por el gobierno federal. El pasado 22 de diciembre, el diputado Gutiérrez Luna interpuso desde el Congreso Federal una denuncia en contra de los 6 consejeros electorales que votaron a favor del acuerdo antes mencionado, igual que en contra del secretario ejecutivo del INE, por presuntamente haber incurrido en los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Esto fue duramente criticado por los legisladores de oposición pues reprocharon que se haya usado una institución pública para defender posturas partidistas. Igualmente, actores políticos, sociales y académicos criticaron la denuncia por configurar una evidente persecución política en contra de funcionarios públicos que opinan de manera distinta al gobierno federal.
El presidente López Obrador observó el rechazo que generó la demanda y, para evitar un conflicto mayor y que se alarguen los procesos legales, dijo ante la prensa que no consideraba prudente actuar mediante las instituciones penales. Pocos días más tarde, el diputado Sergio Gutiérrez, mediante la Cámara Baja, anunció que desistiría de la demanda.
Mientras se espera a que la SHCP defina la insuficiencia presupuestal del INE, la organización de la renovación de mandato continúa con la validación de firmas y la instalación de comités locales en las 32 entidades federativas. Ojalá Hacienda acate la disposición del TEPJF pues, en caso contrario, se corre el riesgo de que éste ejercicio no sea considerado un histórico precedente democrático como espera el presidente López Obrador, sino un nuevo acto de simulación en nuestra historia nacional por carecer de legitimidad.
De igual forma, esperemos que servidores públicos y actores políticos detengan sus intentos de deslegitimar a la autoridad electoral pues éstos únicamente vulneran nuestra democracia y Estado de Derecho. Bien dijo el consejero Uuc-kib Espadas que, quien pretenda imposibilitar la revocación de mandato íntegra para aniquilar al INE, traiciona a la democracia y la república.
