Especial La Revista
Entre acusaciones del PRI, PRD, PAN contra Morena de “albazo legislativo”, de no respetar los procesos y de no querer debatir, senadores avalaron en lo general modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Los legisladores discuten en lo particular las reservas presentadas.
El dictamen avalado se deriva de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado sin tener ninguna modificación.
En sesión convocada a última hora, los senadores aprobaron que se modifique el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas.
Se privilegia a las plantas hidroeléctricas; luego la planta nuclear y las centrales geotérmicas de ciclo combinado y termoeléctricas de la CFE; plantas eólicas y solares de particulares, y centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada.
También obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revisar e invalidar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica obtenidos, en su caso, mediante “actos constitutivos de fraude a la ley”.
Durante la discusión, Beatriz Paredes señaló que el PRI estuvo en desacuerdo con el desaseo en el procedimiento parlamentario con el que se procesó el dictamen. Mencionó que es grave la precipitación con el que se avalaron estas modificaciones a la LIE en comisiones unidas y dijo que Morena actuó unilateralmente.
“Fue grave la negativa de la mayoría de llevar a cabo un parlamento abierto. Es paradójico que tratarse de un asunto sobre un tema estratégico para el desarrollo nacional no haya disposición para escuchar opiniones diversas y, en cambio, para otros temas se fuerce a una consulta popular”, mencionó la senadora.
El panista Julen Rentería lamentó que no se diera el tiempo para convocar a parlamento abierto y escuchar a los expertos para que explicaran cuáles son las implicaciones de estas reformas. Recordó que durante la discusión de estas modificaciones en comisiones unidas, Morena solo daba argumentos ideológicos y no técnicos sobre las reformas.
Mientras, el senador Ricardo Monreal comentó que las reformas son constitucionales y son congruentes con lo dispuesto en la Carta Magna, porque, dijo, priorizan el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión.
“La Constitución no estableció ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado”, señaló el también coordinador de Morena en el Senado.
Ley de la Industria Eléctrica
De acuerdo con diferentes versiones periodísticas, la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el intento más reciente del político tabasqueño para fortalecer a la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se plantea después de que la Suprema Corte desarmó un intento de la Secretaría de Energía (Sener) por imponer una política para favorecer a la empresa productiva del Estado.
BBVA señaló en un análisis que la iniciativa, comparable con una expropiación, puede dejar obsoletas inversiones privadas por 40,000 millones de dólares, 5 veces el desembolso del gobierno para la refinería de Dos Bocas.
Para entender en qué consiste y cuáles son sus principales impactos, a continuación una síntesis de los cambios que propone el Poder Ejecutivo.
Prioridad para usar la energía de CFE
El propósito del gobierno es que las centrales hidroeléctricas de CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas de su central nuclear, plantas geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas. En segundo lugar de prioridad, las plantas de ciclo combinado de Productores Independientes de Energía. En un tercer orden entrarían las centrales eólicas y solares de la iniciativa privada, y al final los ciclos combinados privados.
El Poder Ejecutivo pretende cambiar el criterio de los costos variables a costos fijos, pues el Mercado Eléctrico Mayorista, derivado de la reforma energética del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, no refleja los costos totales de generación de electricidad —como los llamados servicios conexos que garantizan la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico—, sino únicamente aquellos que terminan por desplazar a CFE.
A diferencia de la iniciativa presidencial, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) actualmente despacha la energía que demanda el país de acuerdo con un criterio de competencia económica, eficacia e imparcialidad.
Permisos subordinados a planes del gobierno
El gobierno morenista argumenta que la reforma priista promovió la entrega de permisos de generación de forma desordenada, lo que saturó las líneas de transmisión, pero esta misma administración canceló la licitación de 2 redes de transmisión para desahogar los cuellos de botella en el sur y norte del país, respectivamente.
Según la iniciativa, la proliferación indiscriminada de permisos constituye un grave riesgo para el funcionamiento de la red nacional de transmisión y redes de distribución.
Por lo tanto, los permisos que se entreguen deberán estar alineados con el Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que elabora la Secretaría de Energía cada año y con una proyección a 15 años.
Certificados limpios para plantas viejas de CFE
López Obrador busca que las plantas de CFE, como las hidroeléctricas y su central nuclear, puedan emitir Certificados de Energía Limpia sin considerar el inicio de su operación comercial, pues actualmente solo pueden hacerlo centrales que arrancaron producción después del 11 de agosto de 2014 o tuvieron aumentos en su capacidad de generación.
Los certificados acreditan la generación de luz con fuentes limpias. Estos se pueden adquirir en el mercado eléctrico mayorista o en subastas eléctricas, para que los participantes obligados puedan compensar el consumo de energía contaminante.
La iniciativa privada ha manifestado que si las plantas de CFE emiten certificados inundarían el incipiente mercado y devaluarían los títulos a cero, lo que pondría en riesgo el desarrollo de algunos proyectos, además de los ingresos que actualmente perciben por este mecanismo.
Adiós a las compras obligadas de CFE en subastas eléctricas
Con la reforma de 2013, los suministradores de servicios básicos, en este caso CFE, tienen que contratar cobertura eléctrica exclusivamente con subastas organizadas por el Cenace. Si la empresa requiere más energía, tiene que acudir al Mercado Eléctrico Mayorista, con precios más caros.
La perversión de este esquema, según el gobierno, es que son contratos a 20 años con precios que no contemplan cambios del mercado y que se aprovechan de la infraestructura de CFE.
Las subastas de eléctricidad establecieron precios de generación de hasta 20 dólares por MegaWatt-hora (MWh), una cifra que en su momento fue un récord internacional y referencia para otras subastas a nivel mundial.
Anulación de permisos para autoabasto eléctrico
El autoabasto eléctrico es un modelo establecido en el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari, implementado para que grandes consumidores industriales, como las cementeras, acereras o firmas automotrices, pudieran generar su propia electricidad e incorporarla a la red de transmisión, incluso si la planta no estaba en la misma zona de sus fábricas.
Pero esta situación se distorsionó con la posibilidad de sumar socios a una central hasta con solo un dólar. CFE ha denunciado un mercado negro de electricidad con precios por debajo del mercado eléctrico mayorista bajo este esquema.
La reforma persigue que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) invalide estos permisos donde participan empresas de diversos sectores como Femsa, Walmart, Bimbo, Telmex y AT&T.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que las empresas que emplean el autobasto eléctrico generan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB).
Revisión de contratos de CFE con productores privados
Este cambio pretende revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de generación y compraventa eléctrica de la empresa estatal suscrita con Productores Independientes de Energía (PIE).
El gobierno justificó este punto porque la administración priista incluyó el esquema en la ley eléctrica derivada de la reforma energética, a pesar de que se derogó la legislación que los sustentaba, además contienen tarifas crecientes mientras los precios de electricidad bajo otros modelos son considerablemente inferiores y fijos.
“Existe una contradicción insalvable, lo que provocó su desnaturalización y que le ocasionó graves daños patrimoniales a la CFE, siendo ello una razón más que suficiente para proceder a la revisión de su legalidad”, señala el presidente en el documento.
Consumidores pagarán reforma eléctrica de AMLO: CCE
Los consumidores pagarán el precio de la reforma a través de productos más caros porque la electricidad para empresas será más costosa.
Los consumidores mexicanos pagarán el precio de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo aseguró que los cambios legales aprobados por el Congreso no subirán la electricidad a los hogares, pero sí a las empresas por un costo implícito 26% más caro de generación eléctrica de la CFE frente a la iniciativa privada, equivalente a 60,000 millones de pesos anuales, y que tendrá que financiarse o subsidiarse por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Cualquiera de las dos alternativas que se seleccione tendrán un impacto en los consumidores finales. El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le va a salir más caro, esa camisa, ese bien que va a comprar (…) porque la electricidad para producirlo será más cara”, declaró el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín durante el foro virtual “Electricidad para el Futuro de México“.
Sus comentarios aparecen horas después de que el Senado aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, planteada como iniciativa preferente por el presidente López Obrador para priorizar el despacho energético de la empresa que dirige Manuel Bartlett.
Aquí los detalles: Guía Forbes para entender la reforma eléctrica que aprobó el Congreso
Salazar Lomelín coincidió con la visión del expresidente Lázaro Cárdenas respecto a que la electricidad debe ser más barata, pero no únicamente para los hogares, sino para todos los mexicanos, incluyendo pequeños comercios, negocios informales, empresas medianas y grandes.
“Cualquier agente económico requiere tener una electricidad más barata”, mencionó.
El presidente del grupo empresarial recordó que el Senado negó al sector privado exponer sus argumentos técnicos y económicos para que pudieran votar la iniciativa; esto, luego de que la Cámara de Diputados sí realizó un ejercicio de parlamente abierto.
“Estoy convencido de que la soberanía no se obtiene con retórica, no se obtiene con discursos se obtiene con una sociedad cuándo es suficientemente eficaz, eficiente y cuando optimizar sus recursos y tiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar”, sostuvo el dirigente del CCE.
