El partido-milicia chií libanés Hezbolá será considerado organización terrorista por Argentina. El presidente del país sudamericano, Mauricio Macri, lo decidió por decreto en la víspera del 25° aniversario del atentado con coche bomba que el 18 de julio de 1994 destruyó la AMIA, la sede de la mutual judía en Buenos Aires. El ataque dejó 85 muertos sólo dos años después de la bomba contra la embajada de Israel en Argentina que había segado la vida de 29 personas. La justicia argentina acusó de ambos atentados a miembros de Hezobolá presuntamente apoyados por el Gobierno de Irán, pero la organización no había sido considerada grupo terrorista por el apego de las autoridades argentinas al listado elaborado por Naciones Unidas. El cambio de política coincidió con la insistencia de Estados Unidos e Israel para que Argentina se sume a la estrategia de presión internacional contra Teherán.
El decreto firmado por Macri supone la creación de un registro que incluya a “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos”, esto es que se encuentre sospechada de lavado de dinero con fines terroristas. El texto no menciona a Hezbolá porque el decreto no es un listado de organizaciones. El gobierno argentino, además, se manejó con cautela para evitar males innecesarios en su relación con Líbano.
Hezbolá, sin embargo, formará parte del registro. El año pasado, la justicia argentina congeló bienes y dinero de la organización Bakart, a la que vinculó con el grupo libanés, como parte de una investigación por lavado realizada en el casino de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Tanto Estados Unidos como Israel aseguran que esa zona sensible es la puerta de entrada de Hezbolá en Sudamérica.
El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, dijo que el listado “permitirá reunir y sistematizar en un solo registro todas las causas judiciales relacionadas con estos delitos, mejorando la cooperación judicial e internacional”. Lo consideró, además, “la reafirmación de que la lucha contra el terrorismo y su financiación son prioridad para la Argentina”.
Una vez que Hezbolá se sume al listado de organizaciones terroristas, no podrá operar cuentas en Argentina ni mantener vínculos políticos o económicos con grupos locales. Sus miembros tendrán además prohibido el ingreso al país. El decreto es un viejo reclamo tanto de Estados Unidos e Israel como de las organizaciones judías argentinas. Desde la AMIA, no obstante, se tomarán su tiempo para opinar. “Ahora es momento de analizarlo con los letrados de la institución prudente y minuciosamente”, dijeron fuentes de la asociación. La idea es que el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, haga pública la posición de la comunidad judía durante el acto central que se realizara en Buenos Aires para recordar a las víctimas.
Macri tendrá también la opinión del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. El representante de Donald Trump participará el viernes en Buenos Aires de un homenaje privado a las víctimas del ataque y luego se sumará a la Reunión Ministerial de Antiterrorismo en el Hemisferio Occidental, cuya primer encuentro se realizó en diciembre en Washington. El gobierno argentino recibirá a Pompeo con el decreto firmado, evidencia de su alineación con la estrategia global de Estados Unidos en la materia.
El atentado contra la AMIA fue el mayor realizado hasta ese momento contra la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial y aún está impune. En 2007, el fiscal argentino a cargo de la investigación, Alberto Nisman, apuntó contra iraníes del más alto nivel como autores intelectuales del ataque. Nisman logró finalmente la emisión de alertas rojas de Interpol contra cinco funcionarios, pero no hubo aprehensiones. El fiscal murió de un disparo en la cabeza en su piso de Buenos Aires en enero de 2015, días antes de presentar ante el Congreso un informe que vinculaba a Cristina Fernández de Kircher con un presunto plan para encubrir a los sospechosos. La expresidenta enfrenta un juicio oral por esa causa.
La gran deuda del Estado argentino, con todo, es con los familiares de las víctimas. Macri firmó otros dos decretos que intentan avanzar en ese sentido: uno con la declaración del 18 de julio como día de duelo nacional y otro que amplía las indemnizaciones entregadas por el Estado argentino a una docena de empleados de la AMIA que habían quedado afuera del beneficio.
