En Playa del Carmen, Quintana Roo, la administración municipal ha dado inicio al que se perfila como el mayor programa de regularización de tierras en la historia local, con el propósito de otorgar certeza jurídica a familias que habitan en asentamientos irregulares.
La presidenta municipal, Estefanía Mercado, informó sobre la apertura de las oficinas de la Dirección de Vivienda y Regularización, espacio destinado a “brindar certeza jurídica y vivienda digna a las familias que habitan en zonas irregulares de Playa del Carmen”.
En ese marco, la edil destacó que el programa abarcará colonias como El Sauce, In House, Las Torres y San Judas Tadeo, beneficiando directamente a familias playenses.
De acuerdo con la presidenta municipal, este programa no implica el fomento de desalojos de viviendas ya ocupadas, pero sí subraya que la ocupación de nuevos predios irregulares no será permitida. “El acuerdo con nuestra gente es claro: te ayudo a regularizarte, pero ayúdame a que no haya más invasiones”, enfatizó.
El trámite inició formalmente a partir del 20 de octubre de 2025, cuando los interesados pudieron acudir a presentar su documentación en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Ayuntamiento.
Entre los documentos requeridos se encuentran: INE vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, recibos de compraventa (en su caso), declaración bajo protesta de decir la verdad y constancia vecinal de ocupación del predio.
El objetivo declarado es que las familias que habitan en colonias con asentamientos irregulares obtengan el control legal de su patrimonio, evitando fraudes, desalojos forzados o desplazamientos, y promoviendo una transformación urbana más ordenada. El programa busca alinear la propiedad residencial con marcos legales vigentes y facilitar el acceso a servicios y mejoras municipales.
Este anuncio representa un cambio relevante en la política urbana de Playa del Carmen, al estructurar un mecanismo sistemático para la regularización de predios, que hasta ahora enfrentaban barreras administrativas y legales. Con ello, el municipio da prioridad a la vivienda digna, al orden del territorio y a la seguridad legal de sus habitantes.
La comunidad podrá seguir de cerca la convocatoria, los requisitos oficiales y los plazos establecidos por la administración municipal para incorporarse al programa de regularización.
