Por Francisco Garfias
“¿Chivo expiatorio yo? Para nada. Me siento parte de una etapa del Sistema Nacional Anticorrupción”, nos dijo, en tono resignado, Virgilio Andrade quien, en sus tiempos de secretario de la Función Pública exoneró al presidente Peña del conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca.
Hablamos brevemente con el sacrificado Virgilio la víspera que el diario británicoThe Guardian detonara un nuevo escándalo inmobiliario relacionado con la señoraAngélica Rivera, esposa del primer mandatario.
Dice el cotidiano que la señora Rivera utiliza, en Key Biscayne, Florida, un departamento de lujo, con alberca y cancha de tenis, valuado en 2.05 millones de dólares. Es propiedad de Ricardo Pierdant, “un potencial contratista del gobierno federal”.
Según el rotativo, Grupo Pierdant es tirador para la construcción de los trenes bala y aspira a administrar los puertos mexicanos. Y más. Asegura que paga el predial del departamento de la señora Rivera.
En Los Pinos reaccionaron con molestia. El vocero Eduardo Sánchez asegura que la explosiva nota publicada por The Guardian es falsa. “El señor Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso”.
Criticó la falta de rigor de los reporteros de ese cotidiano británico y lamentó el “poco profesionalismo” de ese medio.
El portavoz recordó que la propia Gaviota fue la que hizo público, a raíz del escándalo de la Casa Blanca, que adquirió un departamento en Miami en 2005.
• El nuevo escándalo se ha convertido en la piedra de Sísifo de Enrique Peña Nieto. Revierte lo logrado por el mandatario con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay duda de que echa por tierra los esfuerzos realizados por Peña Nieto para restaurar la lastimada investidura presidencial.
Peor aún. Hace sonar hueco el público perdón que el primer mandatario pidió hace tres semanas a los ciudadanos por la forma como manejó el escándalo de la Casa Blanca, que La Gaviota adquirió del Grupo Higa, contratista del gobierno federal.
Es exacto que la “revelación” de The Guardian no se sustenta en una investigación muy rigurosa. El hecho de que no haya pruebas de contratos, ni antes ni ahora, desbarata la teoría del conflicto de interés.
Pero en Los Pinos tienen perdida la batalla de la percepción y no parece haber forma de revertirlo. Menos con estos “descuidos” —aunque se trate de un departamento prestado—, que abonan a la idea de que la pareja presidencial se beneficia de su posición, a cambio de potenciales favores a contratistas.
• El alza en los precios de la gasolina y la electricidad fue una venganza del gobierno contra los ciudadanos por la derrota del PRI en las elecciones del pasado 5 de junio.
Es la descabellada tesis esgrimida por legisladores panistas durante la comparecencia en comisiones de la Permanente del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; del subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, y del director de Pemex, José Antonio González Anaya.
Más que una venganza, los nuevos gasolinazos y el último incremento al precio de la electricidad parece un efectivo intento de suicidio del gobierno y el PRI.
• El escándalo de los moches del senador panista Daniel Ávila está a la orden del día. Los propios azules han contribuido a las denuncias de que el citado legislador cobra comisiones por obra pública en diversos municipios de Yucatán y que está vinculado con el constructor Rosendo de Jesús Ceballos Chan.
El mismísimo presidente estatal del blanquiazul, Raúl Paz Alonzo, ha levantado el índice que apunta al legislador yucateco.
La cosa está tan grave, que el secretario general del PAN, Damián Zepeda, viajó a Mérida para tratar el tema con sus correligionarios locales.
Con el discurso que trae el jefe nacional del azul, Ricardo Anaya, adalid anticorrupción, uno pensaría que el número dos del PAN le daría una seria sacudida a Ávila. Pero no. El consejo que le dejó, según sus adversarios del PRI, es que “los trapos sucios se lavan en casa”.
¿Y la transparencia? Ésa déjenla para los discursos.
El senador negó todo. Obvio. Dijo que era obra del gobernador del estado, Rolando Zapata Bello; del secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y de sus “lacayos” del PAN.
• Ya que estamos en el tema de la corrupción, que parece estar muy a la moda, hay que destacar que fue parte medular del Primer Informe del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.
“En mi gobierno no hay ni habrá diezmos de ningún porcentaje en obras, programas, acciones y servicios. Se ejercen pesos completos.
“Cero corrupción y cero tolerancia, son reglas inquebrantables y quien las rompa tendrá como destino las sanciones que las leyes señalan. Los delitos los pagan y los pagarán quienes los cometieron, pues Campeche es una tierra de leyes”.
Las palabras y el compromiso allí están. Falta traducirlas en hechos. Alito, como le dicen, tiene la oportunidad de reivindicar la maltrecha imagen que dejan gobernadores jóvenes como Javier Duarte, Veracruz, o el exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina.
Este último, por cierto, compareció recientemente ante un juez penal.
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