El reciente asesinato de seis migrantes a manos del Ejército mexicano en Chiapas ha generado una nueva ola de críticas sobre el uso de militares en tareas de seguridad pública y el impacto de la militarización en los derechos humanos. El incidente ocurrió el 1 de octubre de 2024, cuando soldados dispararon contra un vehículo que transportaba a 33 migrantes, después de confundirlo con un grupo delictivo. Además de los seis fallecidos, 10 personas resultaron heridas y 17 salieron ilesas.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ataque fue una respuesta a detonaciones que los soldados creyeron escuchar mientras realizaban un operativo de vigilancia en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla. Entre las víctimas había migrantes de Egipto, Nepal, Cuba, India y Pakistán, que buscaban llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos y aseguró que la Fiscalía General de la República ya ha tomado cartas en el asunto, investigando a los soldados involucrados. No obstante, este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la militarización de la seguridad en México, especialmente en las rutas migratorias del sur del país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes religiosos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en el control migratorio, alertando que estos incidentes son el resultado de políticas de seguridad que ponen en riesgo a los más vulnerables. Las voces críticas señalan que la estrategia de militarización, implementada desde administraciones pasadas, no ha logrado mejorar la seguridad, sino que ha agravado la violencia.
