Por: Raúl Asís Monforte González.*
La recuerdo bien, aquella mañana de domingo ya mostraba signos de la calidez que se generaba con la caricia de
los primeros rayos del sol al bañar esta tierra del Mayab, pero aún conservaba un poco de la frescura que ahora nos
regatea el cambio climático.
Al distinguir mi presencia en la fila, el funcionario de casilla abandonó momentáneamente su posición en la mesa
y se acercó a mí con esa gran sonrisa que lo distinguía y que lo hacía un hombre muy conocido y popular, me
saludó, y mientras colocaba en mis manos un grueso fajo de papeles, me dijo: “Raulito, tacha todas estas boletas
en donde dice PRI, y cuando llegue tu turno las depositas en la urna”.
Corría el año de 1984, apenas cumplía yo la mayoría de edad legal que me otorgaba el derecho constitucional de
poder elegir a nuestros gobernantes, e ilusionado acudía a ejercer por primera vez esa prerrogativa. El funcionario
me conocía, pero no lo suficiente, ya que de haber conocido los valores y la educación que había recibido de mis
padres en la casa familiar, hubiera imaginado que tomaría yo únicamente, como lo hice, la boleta que me
correspondía utilizar, para luego devolverle cortésmente todas las demás.
Eran tiempos un poco agitados en el ambiente político de Yucatán. A pesar de que la constitución ya impedía la
participación de los militares en política, en esa época nadie osaba salirse con eso de que “la Ley es la Ley”, así que
gracias al pago de cuotas extraoficiales que el gobierno debía cumplirle a las fuerzas armadas, un hasta ese
entonces desconocido general del ejército había sido primero senador de la república y luego gobernador de
Yucatán.
La avanzada edad del general, combinada con su escasa experiencia y habilidad política, habían derivado en una
situación de ingobernabilidad que motivó la intervención y presión del entonces secretario de gobernación Lic.
Manuel Bartlett Díaz, para hacerlo renunciar y dar paso a un gobernador interino apenas en el mes de febrero de
aquel mismo año.
Cuando todo esto sucedía, no existía el IFE o el INE. Pero si hubiera existido, y si el funcionario que intentó
convencerme de cometer un delito electoral hubiese sido propuesto por el presidente de México para ocupar el
cargo de consejero presidente, seguramente hubiera ganado una votación para serlo, ya que era muy popular.
Ahí radica la importancia de proteger a toda costa los avances que los mexicanos hemos alcanzado en materia de
democracia, de fortalecer y nunca debilitar a las instituciones autónomas encargadas de organizar los procesos
electorales y entregarnos resultados certeros y confiables.
No queremos personas populares a cargo de estos organismos, queremos personas capaces y competentes, no
queremos en puestos de elección popular a personas impuestas mediante cuotas y menos a las que están
impedidas por la Ley, que ya bastantes atribuciones indebidas les han concedido. No queremos renuncias forzadas
ni tampoco imposiciones, aunque a veces éstas sean para corregir lo que estaba mal.
Así era el México del siglo pasado, así es justamente como no deseamos que vuelva a ser.
* Raúl Asís Monforte González.
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Mérida, Yucatán a 26 de noviembre de 2022
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