Construyendo, por: Raúl Asís Monforte González.
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Facebook: Raúl Asís Monforte González. Twitter: @raulmonforteg
La recuerdo bien, aquella mañana de domingo ya mostraba
signos de la calidez que se generaba con la caricia de los primeros rayos del
sol al bañar esta tierra del Mayab, pero aún conservaba un poco de la frescura
que ahora nos regatea el cambio climático.
Al distinguir mi presencia en la fila, el funcionario
de casilla abandonó momentáneamente su posición en la mesa y se acercó a mí con
esa gran sonrisa que lo distinguía y que lo hacía un hombre muy conocido y
popular, me saludó, y mientras colocaba en mis manos un grueso fajo de papeles,
me dijo: “Raulito, tacha todas estas boletas en donde dice PRI, y cuando llegue
tu turno las depositas en la urna”.
Corría el año de 1984, apenas cumplía yo la mayoría de
edad legal que me otorgaba el derecho constitucional de poder elegir a nuestros
gobernantes, e ilusionado acudía a ejercer por primera vez esa prerrogativa. El
funcionario me conocía, pero no lo suficiente, ya que de haber conocido los
valores y la educación que había recibido de mis padres en la casa familiar,
hubiera imaginado que tomaría yo únicamente, como lo hice, la boleta que me correspondía
utilizar, para luego devolverle cortésmente todas las demás.
Eran tiempos un poco agitados en el ambiente político
de Yucatán.
A pesar de que la constitución ya impedía la participación
de los militares en política, en esa época nadie osaba salirse con eso de que
“la Ley es la Ley”, así que gracias al pago de cuotas extraoficiales que el
gobierno debía cumplirle a las fuerzas armadas, un hasta ese entonces
desconocido general del ejército había sido primero senador de la república y
luego gobernador de Yucatán.
La avanzada edad del general, combinada con su escasa
experiencia y habilidad política, habían derivado en una situación de
ingobernabilidad que motivó la intervención y presión del entonces secretario
de gobernación Lic. Manuel Bartlett Díaz, para hacerlo renunciar y dar paso a
un gobernador interino apenas en el mes de febrero de aquel mismo año.
Cuando todo esto sucedía, no existía el IFE o el INE.
Pero si hubiera existido, y si el funcionario que intentó convencerme de
cometer un delito electoral hubiese sido propuesto por el presidente de México
para ocupar el cargo de consejero presidente, seguramente hubiera ganado una
votación para serlo, ya que era muy popular.
Ahí radica la importancia de proteger a toda costa los
avances que los mexicanos hemos alcanzado en materia de democracia, de
fortalecer y nunca debilitar a las instituciones autónomas encargadas de
organizar los procesos electorales y entregarnos resultados certeros y
confiables.
No queremos personas populares a cargo de estos
organismos, queremos personas capaces y competentes, no queremos en puestos de
elección popular a personas impuestas mediante cuotas y menos a las que están impedidas
por la Ley, que ya bastantes atribuciones indebidas les han concedido.
No queremos renuncias forzadas ni tampoco
imposiciones, aunque a veces éstas sean para corregir lo que estaba mal.
