El reciente ataque contra un funcionario de seguridad del estado de Colima generó reacciones inmediatas desde el gobierno federal. Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que la agresión fue perpetrada por “grupos delictivos de Colima”, y recalcó que el funcionario herido “está estable afortunadamente”.
Se trata de un golpe directo a un servidor público: el funcionario agredido fue Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, quien recibió disparos mientras circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, cerca de un centro comercial en la zona norte de la capital.
Aunque el ataque suscitó alarma ciudadana, las autoridades informaron que ya hay personas detenidas. Tal como declaró Sheinbaum: “Y ya hay detenidos también, entonces el gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso”. Además, recalcó que los responsables no pertenecen a fuerzas externas sino a grupos delictivos con presencia local.
Este hecho recuerda la constante tensión en Colima, un estado marcado por elevados niveles de violencia y por la acción persistente del crimen organizado. El ataque a un alto funcionario de seguridad no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones encargadas del orden, sino también la urgencia de reforzar estrategias de prevención y de combate al narcotráfico y la delincuencia.
El anuncio de detenciones representa un paso necesario, pero aún faltan respuestas: quiénes son los detenidos, qué grupo delictivo está detrás del ataque, cuáles son sus motivaciones, y qué medidas se aplicarán para garantizar la seguridad de servidores públicos y ciudadanos. En ese sentido, el llamado del gabinete federal a dar “más información sobre el caso” invita a la vigilancia y al escrutinio público.
En suma, el ataque perpetrado contra Morentín Ramírez evidencia la complejidad de la violencia en Colima, la penetración del crimen organizado en espacios institucionales, y el desafío que enfrenta el Estado mexicano para asegurar la protección de sus funcionarios y, con ello, el ejercicio pleno del Estado de derecho.
