La noche del 7 de noviembre de 2024, una balacera en el restaurante Che Gaucho, ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, dejó un saldo trágico de cinco personas muertas y una más herida. El incidente, que ocurrió alrededor de las 22:00 horas, conmocionó a la comunidad y puso en alerta a las autoridades de la región. Según testigos, un grupo de individuos armados ingresó al restaurante y abrió fuego de manera indiscriminada, sembrando el caos entre los presentes.
Entre las víctimas del ataque se encontraban los guardaespaldas de Marcos Sánchez, conocido líder de la Confederación Internacional de Trabajadores de Oaxaca (CITO), quien presuntamente se encontraba en el lugar al momento del tiroteo. Aunque los reportes iniciales sugieren que Sánchez también podría haber resultado herido en el ataque, la Fiscalía de Oaxaca aún no ha confirmado oficialmente su estado de salud. Su posible vinculación con el atentado está siendo investigada, dado su historial y su posición en el gremio de transporte en Oaxaca.
El restaurante fue acordonado rápidamente por las autoridades, y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo en la zona para proteger la escena del crimen y permitir que los equipos de emergencia atendieran a los heridos. A través de redes sociales, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el ataque y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para castigar a los responsables. “No habrá impunidad y no permitiremos que la violencia atente contra la tranquilidad de las y los oaxaqueños”, afirmó el mandatario, instruyendo a las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia y colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado en la investigación.
Marcos Sánchez, figura destacada en el gremio transportista y líder de la CITO, tiene un historial legal polémico. En 2017, fue acusado de homicidio y pasó cuatro años en prisión antes de ser liberado en 2021. Su figura es controvertida y, según algunos sectores, polarizante, especialmente en un estado donde el control del transporte es una actividad disputada por diversas organizaciones. Aunque hasta ahora no se han confirmado los motivos detrás de este ataque, las autoridades sospechan que podría tratarse de un acto de violencia relacionado con su actividad sindical o conflictos previos.
El ataque en el restaurante Che Gaucho no es un hecho aislado en Oaxaca, una entidad que ha vivido en los últimos años una serie de eventos violentos en lugares públicos. En febrero de 2022, un grupo armado ingresó a un restaurante en El Puertecito, cerca de Puerto Escondido, y asesinó a cinco personas, en un caso que también dejó consternación en la comunidad y puso de relieve la creciente inseguridad en la región. Apenas un año después, en febrero de 2023, otro ataque armado en Santiago Amoltepec cobró la vida de cinco personas y dejó a una más herida, en otro suceso que mostró la vulnerabilidad de ciertos sectores del estado frente a la violencia.
Este reciente ataque ha reavivado la preocupación de la ciudadanía y de los líderes locales, quienes demandan un incremento en las medidas de seguridad para garantizar la protección de los habitantes y frenar la violencia que parece afectar a la región. La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y aclarar los motivos detrás del ataque, manteniendo un seguimiento riguroso en el análisis de evidencia en el lugar del crimen y entrevistas con testigos. En los próximos días, se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el avance de las indagatorias y posibles detenciones de sospechosos vinculados al atentado.
La balacera en Che Gaucho subraya la compleja situación de seguridad en Oaxaca, un estado que ha sido escenario de disputas territoriales y de poder por parte de grupos criminales y otros actores. La violencia ha afectado no solo a las actividades comerciales, sino también al turismo y a la vida cotidiana de las comunidades, obligando a las autoridades a implementar estrategias de seguridad más contundentes.
El gobernador Salomón Jara Cruz ha manifestado que su administración no tolerará actos de violencia que afecten a la población y ha prometido redoblar los esfuerzos en materia de seguridad. Sin embargo, la ciudadanía espera que estos esfuerzos se traduzcan en medidas efectivas que prevengan tragedias como la ocurrida en Che Gaucho y garanticen un entorno seguro para todos los oaxaqueños.
En medio del dolor y la indignación, las familias de las víctimas y la comunidad de Oaxaca exigen justicia y respuestas rápidas por parte de las autoridades. Este caso ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad urgente de soluciones de seguridad más amplias y efectivas en el estado, una demanda que se ha vuelto aún más apremiante ante el aumento de eventos violentos en la región.
