El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald J. Trump, mantiene una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones que considera involucradas en el narcotráfico, medida que ha generado fuertes reacciones en el ámbito político, jurídico y diplomático. Desde septiembre de 2025 se han registrado al menos 21 ataques a barcos presuntamente vinculados a cárteles, los cuales habrían dejado un saldo de 83 muertos.
El más reciente episodio, correspondiente a un operativo realizado el 2 de septiembre, desató especial controversia luego de que un informe periodístico revelara que tras un primer ataque contra una lancha venezolana con misiles, —según la versión oficial, una operación legítima contra narcos—, habría existido una segunda embestida para rematar a los supervivientes. El atentado habría sido ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presuntamente bajo instrucciones del propio Trump.
Estas acusaciones derivaron en una reacción inmediata del Congreso de Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos pidieron revisiones sobre la legalidad de los ataques y advirtieron que de confirmarse las órdenes para eliminar a sobrevivientes, las acciones podrían calificarse como crímenes de guerra. Uno de los senadores que se pronunció así fue Tim Kaine, quien expresó preocupación por el uso excesivo y cuestionable de la fuerza.
El gobierno estadounidense, por su parte, defendió la operación. La vocería de la Casa Blanca aseguró que el comandante naval que autorizó el segundo ataque actuó “dentro de su autoridad y conforme a la ley internacional”, argumentando que los objetivos representaban una “amenaza” para la seguridad nacional.
La ofensiva militar coincide con un fortalecimiento del despliegue naval estadounidense en la región del Caribe, lo que ha elevado la tensión diplomática con Venezuela y su gobierno, encabezado por Nicolás Maduro. Caracas ha denunciado las acciones como una agresión directa a su soberanía y ha convocado a una comisión especial en su parlamento para investigar los ataques.
El episodio —y la escala de la ofensiva— reabre un debate sobre los límites legales del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en aguas internacionales, la necesidad de supervisión parlamentaria y el respeto al derecho internacional humanitario. También pone en evidencia las tensiones geopolíticas en la región y los riesgos que conllevan operaciones militares bajo criterios de seguridad nacional sin evidencia pública clara.
