Envían al equipo jurídico del STUNAM a defender al delegado sindical Gustavo Rodríguez Ríos, presunto abusador sexual.
La defensa del acusado aduce que las trabajadoras “suben fotos provocadoras y hablan de su cuerpo”.
Esta semana se llevó a cabo la audiencia de investigación administrativa en contra de Gustavo Rodríguez Ríos, presunto culpable de cometer el delito de abuso sexual a dos trabajadoras de intendencia de la Unidad Mérida de la Escuela Nacional de Estudios Superiores.
La audiencia se desarrolló en las instalaciones dicha dependencia universitaria.
De acuerdo a declaraciones obtenidas por este medio, existe una alta posibilidad de que la resolución final sea manipulada a favor del abusador Rodríguez Ríos.
Pudimos saber que el padre del acusado, Gustavo Rodríguez Martínez, Secretario de Organización Académica del Sindicato de la UNAM, envió a dos integrantes del departamento jurídico de la organización, para asumir la defensa de los dos casos.
Se filtró que el resolutivo consistirá en la de suspensión laboral sin goce de sueldo de ochos días, lo cual significa una burla y una clara muestra de la impunidad que goza Gustavo, a través de su padre. Dicha sanción estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 79 del Estatuto del STUNAM, el cual establece que, se suspenderán los derechos sindicales, “al que asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para si o para un tercero con la amenaza de causar a la víctima un mal, relacionado con las expectativas que puedan tener en el ámbito de una relación, bien sea entre superiores e inferiores jerárquicos, entre iguales o cualquier circunstancia que los relacione en el campo laboral o docente”.
El mismo numeral indica que la sanción de suspensión de los derechos sindicales por tres meses, corresponderá a quien incurra en el delito de hostigamiento sexual en el área laboral, por primera vez y si reincide dicha sanción será por seis meses.
Los defensores del señalado como presunto abusador son los licenciados en derecho Carlos Ramírez Bravo, con cédula profesional 7391289; y, Alejandro Avilés Gómez, con número de cédula 7081688, quienes aparecen como apoderados legales del Sindicato en el pliego petitorio enviado al Rector Leonardo Lomelí Vanegas, el pasado 19 de agosto del año en curso.
De acuerdo a fuentes internas, el principal “argumento” de defensa de Rodríguez Ríos fue señalar, en el caso particular de una de las dos denunciantes, que “suele hablar mucho de su cuerpo, subir fotos provocativas a sus redes sociales y vestirse con ropa pegada”. Otro de los supuestos argumentos del agresor, fue mentir al afirmar que mantiene una relación de pareja con una de las dos mujeres.
Pese a la debilidad de los argumentos que presentó la defensa, el acusado se declaró inocente en todo momento.
Cabe precisar que, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo del STUNAM, los citatorios o notificaciones a un trabajador sindicalizado, son remitidos a través del representante gremial a sus destinatarios.
En este caso, la notificación y el citatorio fueron enviados directamente a Gustavo Rodríguez Ríos, dado que él funge como delegado sindical en la ENES Mérida. Se presume que eso permitió al acusado manejar el asunto con absoluta discrecionalidad.
El resolutivo debe darse el día lunes, cumpliendo así los diez días hábiles de investigación que establece el Contrato Colectivo de la agrupación.
La Fiscalía investiga el caso
El diecisiete de este mes, una de las dos trabajadoras agredidas, solicitó a la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización del STUNAM, la consignación conforme a ley, de su abusador Gustavo Alberto Rodríguez Ríos.
En dicha petición, agregó que lo resultante de la investigación administrativa, sea remitido e incorporado a la carpeta abierta por abuso sexual de la Fiscalía General del Estado. Se espera que la otra trabajadora violentada, incorpore su acusación en contra del agresor en la misma dependencia, durante los próximos días.
Es pertinente recordar que la sanción a Rodríguez Ríos, previo a dicha audiencia, consistió en la suspensión laboral por cuatro días hábiles, lo que continúa causando indignación entre el personal administrativo y académico, tanto de la dependencia como de otras de la Máxima Casa de Estudios.
A pesar de esto, las autoridades universitarias y la dirigencia sindical de Carlos Hugo Morales y Morales, a la que pertenece el progenitor de Rodríguez Ríos, y al que se le vincula con actividades ilícitas y violencia de género en contra de sus compañeras del propio Comité Ejecutivo, permanecen en silencio, lo que abona a la molestia que se ha generado en la comunidad universitaria, fundamentada en la percepción pública de que, desde la Rectoría, se encubre los abusos en contra de mujeres trabajadoras y estudiantes.
