Australia ha implementado una normativa pionera a nivel mundial que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales, una medida que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 tras la aprobación de la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act en el Parlamento australiano. Esta legislación, promovida por el gobierno de Anthony Albanese, exige que las grandes plataformas tecnológicas tomen “medidas razonables” para impedir que los usuarios menores de 16 años creen o mantengan cuentas en servicios como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Reddit, Twitch, Threads, X y Kick, entre otros, bajo amenaza de multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos si no cumplen con las disposiciones.
El gobierno australiano ha defendido esta decisión con el argumento de que busca enfrentar los riesgos asociados al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, incluidos la exposición a contenido dañino, la presión social derivada de algoritmos adictivos y los efectos negativos en la salud mental. Según las autoridades, esta restricción de edad ofrece un “retraso” en el acceso a cuentas que permita a los jóvenes desarrollar habilidades digitales, emocionales y sociales antes de interactuar con plataformas de redes sociales que fomentan conexiones, compartición de contenido y comunicación en tiempo real.
Con la nueva regulación, las plataformas están obligadas a emplear mecanismos de verificación de edad variados, incluyendo estimación de edad mediante inteligencia artificial, revisiones de datos de usuarios o, en algunos casos, la opción de presentar algún tipo de documento de identidad, aunque las empresas no pueden forzar a los usuarios a proporcionar identificación oficial. Este enfoque refleja el reconocimiento de que la verificación de edad es tecnológicamente compleja y que algunas herramientas pueden fallar, especialmente con adolescentes cercanos al límite de edad, lo que ha generado preocupaciones sobre la eficacia y equidad de los métodos disponibles.
La entrada en vigor de esta ley ha tenido un impacto inmediato: miles de menores australianos han visto cómo se desactivaban sus cuentas o se les bloqueaba el acceso a estas plataformas, lo que ha provocado reacciones mixtas entre padres, educadores y jóvenes. Mientras algunos sectores ven la medida como un paso audaz hacia la protección infantil, otros advierten que podría agravar la sensación de aislamiento entre ciertos adolescentes, especialmente aquellos que utilizan redes sociales para mantener contactos culturales, familiares o comunitarios. También se ha señalado que los jóvenes podrían migrar a plataformas menos reguladas o encontrar formas de eludir los controles, lo que plantea interrogantes sobre los resultados reales de la prohibición.
Además de las implicaciones sociales y tecnológicas, la prohibición ha desencadenado desafíos legales y debates sobre derechos fundamentales. Plataformas como Reddit han presentado recursos ante la Corte Suprema de Australia, argumentando que la ley infringe la libertad implícita de comunicación política al limitar el acceso a comunidades en línea, y sostienen que la clasificación de ciertos servicios como “redes sociales” según la legislación es arbitraria. Esta acción se suma a una impugnación anterior presentada por adolescentes apoyados por grupos libertarios que cuestionan la constitucionalidad de la medida. Los resultados de estos procesos judiciales, programados para avanzar en 2026, podrían influir en la sostenibilidad de la ley y en la forma en que se regulan los derechos digitales de los jóvenes.
La medida australiana ha atraído atención internacional y ha inspirado debates en otros países sobre políticas similares para abordar los daños potenciales de las redes sociales en menores. En algunos lugares se exploran enfoques alternativos, como fortalecer las normas de seguridad y educación digital, mientras que otros consideran límites de edad o exigencias de verificación. La experiencia de Australia, en su carácter de primera jurisdicción en aplicar una prohibición de este tipo, será observada de cerca en los próximos años para evaluar su eficacia real, sus efectos no deseados y su impacto en la protección de los derechos de las generaciones más jóvenes.
