La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente una reforma integral a la Ley Aduanera, la cual modifica de fondo las reglas que rigen la operación de los agentes aduanales. El proyecto establece para la figura del agente aduanal un nuevo horizonte: se elimina la patente vitalicia, para dar paso a una vigencia máxima de veinte años, sujeta a recertificaciones periódicas cada tres años.
El cambio surge en el contexto de un creciente boquete fiscal derivado del contrabando y el llamado “huachicol fiscal”, donde se estima que miles de millones de pesos se han perdido por operaciones irregulares de comercio exterior.
El nuevo orden normativo además planteará mecanismos más estrictos de responsabilidad para los agentes aduanales. De acuerdo con expertos legales, la iniciativa apunta a que dichos agentes respondan de manera “solidaria” por errores en el despacho aduanero, algo que hasta ahora la ley vigente no contemplaba tan claramente.
Para el gremio de los agentes, estos cambios implican una transformación sustancial en su régimen laboral y regulatorio. Una publicación especializada afirma que “la figura del agente aduanal [es] de manera un poco preocupante… se plantea que el agente aduanal sea responsable solidario con el importador por cualquier incidencia que se suscite en el despacho aduanero.”
El propósito oficial de la reforma es doble: por un lado, incrementar la recaudación fiscal y reducir la evasión; por otro, fortalecer la supervisión sobre las operaciones de comercio exterior, mediante certificaciones más frecuentes, mayor transparencia y actualización tecnológica de los procesos aduanales.
No obstante, sectores del comercio exterior han expresado reservas. Temen que los nuevos requisitos y sanciones engrosen los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que dependen del tránsito de mercancías. Al mismo tiempo, algunas voces advierten que la reforma podría quedarse corta si no se acompaña de una supervisión efectiva y una cultura de cumplimiento consolidada en las aduanas mexicanas.
Este cambio normativo tendrá vigencia a partir de 2026, momento en el cual la administración federal espera ver resultados en materia de fiscalización y control aduanero.
En conclusión, la reforma a la Ley Aduanera representa un paso relevante en la política de fiscalización del comercio exterior en México. Su éxito dependerá de que los nuevos mecanismos regulatorios se implementen de forma transparente, eficiente y equilibrada, para que no se conviertan en una carga excesiva para los agentes aduanales ni para las empresas que operan internacionalmente.
