Por: Fernando Belaunzarán.
La nueva verdad resultó inconveniente para el gobierno
que la procuró. Sólo así puede explicarse que la FGR haya desistido de 21
acusaciones, cuyas órdenes de aprehensión ya habían sido otorgadas. Eso se
colige no sólo por la consabida autonomía simulada de la institución, sino
también porque hicieron las solicitudes de desistimiento saltándose a la Unidad
Especial que se creó para llevar el caso Ayotzinapa en la propia Fiscalía y que
está comprometida con la investigación que realizó la Comisión para la Verdad,
creada para esclarecer los hechos de la trágica noche en Iguala.
La novedad del informe de la comisión, respecto a lo
que se conoce como verdad histórica, es el señalamiento directo a miembros del
Ejército de diversos niveles en la planeación, ejecución y encubrimiento de los
graves actos criminales cometidos contra los normalistas. De las 21 personas a
las que les quitaron los cargos, 16 son militares. Es un evidente acto de
retirada, decidido centralmente, en momentos en que la militarización está en
el centro del debate nacional.
En ese contexto se presentó la filtración del
mencionado informe, dando a conocer partes sustanciales que testaron para su
publicidad. Aunque el presidente López Obrador pidió en una conferencia
mañanera que se transparentara en su totalidad para salir al paso de una
pregunta, las revelaciones causaron indignación en el oficialismo. El
subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas solicitó a la FGR investigar de
dónde vino la fuga, reconociendo con ello su veracidad, y la periodista que lo
publicó fue duramente acosada en redes sociales por personajes y voceros
ligados al régimen.
Por absurdo que parezca, quienes piden la libertad de
Julian Assange y otorgaron reconocimientos a sus familiares, amenazan
explícitamente a la fuente del documento filtrado y recurren a vulgares
pruritos morales para justificar la opacidad, a pesar de su innegable interés
público. Los censores arguyen revictimización y faltas al debido proceso, como
si las familias y la sociedad no tuvieran el derecho a saber con exactitud lo
ocurrido en ese acontecimiento tan atroz y el periodismo tuviera
responsabilidades de ministerio público. Hágase la transparencia en los bueyes
de mi compadre, pero, sobre todo, que no se eche luz sobre un caso que se está
cayendo por falta de voluntad y conflictos en el propio gobierno.
Si esta versión se cae en tribunales, así sea por
cálculo de la propia FGR, quedará establecido que no hay verdad y, por tanto,
tampoco habrá justicia. Sólo cuatro de las 83 órdenes de aprehensión libradas
se han ejecutado y, como dijimos, en 21 ya se desistieron. Descalifican la
versión anterior, pero ponen el grito en el cielo de que se libere a los
implicados por ella mientras persiguen a quienes los detuvieron. No se
resistieron a la tentación de politizar el tema y llevar agua a su molino,
lucrando con el dolor de las víctimas. El resultado no puede ser otro que
confusión e impunidad.
Error pretender quedar bien con dios y con el diablo.
Generaron desconfianza al mantener ocultas partes sustantivas del informe, la
cual se amplificó al condenar a quien las hizo públicas y recular en dos
decenas de acciones penales. El galimatías creado no se va a solucionar con un
puñado de chivos expiatorios. Si como algunos adelantan, se concreta la salida de
Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, la sospecha de
encubrimiento a los presuntos responsables militares va a crecer, pues se da
justo cuando está en su esplendor el debate por el insólito empoderamiento
político y económico de las Fuerzas Armadas.
Cayeron en su propia trampa y no saben cómo salir de
ella. Eso explica los mensajes equívocos y el pleito cada vez menos soterrado.
No tienen manera de salir ilesos. Generaron altas expectativas y el chorro se
convirtió en chisguete a las primeras de cambio. Pero la lógica del poder es
implacable y la cadena se romperá por el eslabón más débil, el de las víctimas.
Este sexenio ya es el de más desaparecidos y le faltan dos años. Lo prioritario
para el régimen será mantener su estrategia fallida de seguridad para
consolidar la militarización del país, esencial para imponer su hegemonía
política.
