El abogado estadounidense Barry J. Pollack ha sido designado para representar legalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro en la causa que enfrenta en los tribunales federales de Estados Unidos, tras su captura y traslado a Nueva York.
Pollack es un penalista con más de tres décadas de experiencia, especializado en casos complejos de delitos federales, seguridad nacional y corrupción, que ha representado tanto a altos ejecutivos como a funcionarios gubernamentales de perfil elevado.
Una de sus representaciones más conocidas fue la del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en un largo proceso que terminó con un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo cual permitió la liberación de Assange tras años de litigio internacional.
Durante su primera comparecencia como defensa en el caso de Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Pollack cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de su cliente y subrayó que, como jefe de un Estado soberano, el acusado tiene derecho a privilegios legales asociados a su cargo, aunque no solicitó libertad bajo fianza en ese momento.
Además de su trabajo con Assange, el abogado ha obtenido éxitos en casos en los que se lograron absoluciones o exoneraciones tras juicios complejos, como en la defensa de un ejecutivo implicado en el caso de la empresa Enron y el de un hombre que pasó años encarcelado por un crimen que no cometió.
El despacho al que pertenece Pollack, Harris St. Laurent & Wechsler, con oficinas en Washington y Nueva York, agrupa abogados especializados en litigios de alto perfil, fortaleciendo la reputación de su socio defensor en causas políticamente sensibles.
En el mismo proceso judicial, la esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaborar en los hechos imputados, cuenta con un abogado distinto, especializado también en causas federales, Mark Donnelly.
La designación de Pollack para este caso ha llamado la atención de observadores internacionales debido a su trayectoria en defensas mediáticas y de alto impacto, lo que marca un desafío adicional en un proceso que enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros delitos graves por parte de las autoridades estadounidenses.
