El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el bloqueo de cuentas y la suspensión de actividades de al menos 13 casinos en diversos estados del país por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero.
Según las autoridades, los establecimientos identificados realizaban “movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá” y hacían uso de “plataformas digitales no supervisadas”. Asimismo, se detectó que estas empresas “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados” para legitimar los ingresos ilícitos.
La investigación, que se llevó a cabo durante varios meses en coordinación con el Gabinete de Seguridad, identificó que los casinos señalados operaban en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los mecanismos detectados tenían como objetivo “dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos al sistema financiero mexicano e internacional”.
Ante ello, la UIF presentó la solicitud de bloqueo de cuentas de dichas personas morales por considerarlas de “alto riesgo financiero” y con el propósito de evitar que estos espacios fueran utilizados por el crimen organizado. Además, se informó que se presentarán denuncias penales para investigar los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
El sector legal de los juegos y apuestas en México, que está valuado en torno a los 3 000 millones de dólares anuales, cuenta con más de 400 casinos y genera miles de empleos directos. No obstante, las autoridades advierten que las operaciones ilegales y no registradas han aumentado, en particular aquellas que utilizan plataformas digitales sin supervisión y personas con bajos ingresos para encubrir maniobras.
En respuesta, algunos de los implicados han rechazado las acusaciones. El grupo Grupo Salinas, cuyo propietario es Ricardo Salinas Pliego, declaró que dos de sus casas de apuestas se encuentran entre las señaladas y aseguró que esta medida representa “una campaña sistemática del gobierno… en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto”.
El gobierno mexicano indicó que esta operación reforzará los mecanismos de prevención y detección de operaciones inusuales, y buscará estrechar la cooperación internacional en materia de lavado de dinero.
