Desde el pasado miércoles, la autopista México-Puebla ha sido escenario de protestas que han generado un cierre prolongado, afectando gravemente la movilidad y la economía de la región. El origen de este conflicto radica en la exigencia de los pobladores de Santa Rita Tlahuapan por el pago de indemnizaciones relacionadas con la expropiación de tierras para la construcción de la autopista hace más de 60 años. A pesar de que un tribunal agrario falló a favor de los campesinos hace seis años, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impugnó este fallo, lo que ha prolongado la disputa.
El conflicto ha escalado hasta el punto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a un abogado de estar manipulando la situación en su propio beneficio, calificando sus acciones como un intento de “chantaje”. Mientras tanto, los manifestantes han bloqueado la autopista utilizando autobuses y carpas, lo que ha provocado un caos en el tránsito y la molestia de los automovilistas.
La situación ha sido tensa, con la Guardia Nacional y el Ejército interviniendo para proteger a los ciudadanos atrapados en el bloqueo, mientras que organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han solicitado al gobierno tomar medidas urgentes para restablecer la circulación, destacando el impacto negativo que este tipo de protestas tiene sobre la economía y la inversión en la región.
