En una audiencia que se prolongó por cerca de quince horas, una jueza federal dictó prisión preventiva contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, acusado de lavado de dinero.
El Ministerio Público declaró que Duarte desviaron 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda estatal mediante un entramado de empresas familiares. El mecanismo, según la acusación, consistió en simular apoyos al sector ganadero; los recursos destinados a esa supuesta actividad terminaron en compañías de las cuales el exgobernador era socio mayoritario.
Entre las firmas señaladas figuran la Unión Ganadera Regional “División del Norte” y la Financiera División del Norte, así como otras empresas como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, en las que su esposa aparece como socia mayoritaria y representante legal. La acusación también señala la participación de un exfuncionario local, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, identificado como tesorero de esas empresas.
Durante la diligencia, la jueza responsable, María Jazmín Ambriz López, rechazó la solicitud de invalidar la orden de aprehensión emitida contra Duarte desde mayo del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Poco después de su detención en Chihuahua, el exgobernador fue trasladado al Altiplano y quedó formalmente bajo custodia federal.
Este nuevo proceso se suma al historial de acusaciones contra el exmandatario: en 2022 había sido extraditado desde Estados Unidos y vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, relacionados con desvíos de recursos públicos. Tras obtener libertad condicional en 2024, su regreso al penal federal marca una nueva etapa en su situación judicial.
El fallo esta semana reafirma la determinación de las autoridades federales para perseguir presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos, poniendo en el centro del debate la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. La definición de su estado jurídico concluirá en las próximas horas, cuando se decida si es vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero.
