Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
“No solo dejó el IFE de depender de Gobernación,
se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se
formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”, decía
Andrés Manuel López Obrador, en los años 90´s cuando era presidente del Partido
de la Revolución Democrática.
Ni Luis Echeverría ni López Portillo, los dos
considerados los más abusivos presidentes del siglo pasado, se atrevieron a
insultar a sus conciudadanos y eso que en esos años la guerrilla y los partidos
proscritos le habían declarado la guerra frontal al gobierno mexicano.
Atentados, secuestros, asesinatos fueron perpetrados
por grupos políticos que se sentían marginados de la sociedad por un gobierno
que lo mismo reprimía e imponía sus gustos y fobias a todo un país y no
escatimó recursos para combatir a quienes pensaban diferente de su modelo de
nación, de gobierno y de partido.
“Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero
todo tiene su límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando
irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido
sucediendo”, advirtió Díaz Ordaz.
“Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los
medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y
garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero
contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional”.
“Tenemos la ineludible obligación de impedir la
destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos…
Sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de
propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en
cambio, millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en
contra de la anarquía”, señaló en su IV Informe de gobierno.
El lenguaje era osado para esos tiempos, agresivo y
amenazante, pero jamás se llegó al terreno de la grosería vulgar como sucede
ahora: “rateros”, “clasistas”, “hipócritas”, “corruptos”, “racistas”, llama el
presidente a quienes convocaron a una marcha para defender al INE.
Para el presidente, la institución del estado mexicano
que avaló su triunfo electoral, que ha avalado los triunfos en 22 estados del
país de los candidatos de su partido, no merece respeto y sigue argumentando
que le hicieron fraude en 2006 y 2012 porque no logró ganar la presidencia.
¿Cómo lo demuestra, qué pruebas da? Ninguna, sólo su palabra.
Los 3 millones 330 mil votos de diferencia entre López
Obrador y Peña Nieto no sirvieron para que el derrotado lo aceptara, como
tampoco fueron suficientes los 236,006 votos que le sacó de diferencia, seis
años antes, su odiado Felipe Calderón Hinojosa. En ambos casos ni una
explicación ha tenido valor, incluso las que han dado quienes entonces fueron
parte de esas dos campañas. La creencia y no la evidencia ha tenido más peso
entre sus seguidores que llegaron al extremo de hablar de algoritmos para
manipular las cifras que, de primera instancia, resultado del conteo a mano de
los escrutadores de cada casilla.
En 2018, López Obrador logró el 53.19 por ciento de
los sufragios mientras que su adversario Ricardo Anaya se quedó con el 22.27 de
los votos, aunque en la elección de 2018 participaron 12 por ciento menos de
votantes que en los comicios anteriores.
Ni uno de esos argumentos ha tenido valor para quien
ha ganado los comicios desde 2018 a pesar de los triunfos logrados y validados
por el INE y por el Tribunal Electoral de la Federación, donde muchas
terminaron por el grado de irregularidades que hubo en los procesos.
Para López, pesa más su argumento de la manipulación
del INE que las claras evidencias y hechos que llevan a no dudar de un supuesto
arreglo con los narcos que han ayudado a los candidatos de Morena a salir
victoriosos, sobre todo en estados del pacífico norte. Las cifras de muertos,
secuestrados y casillas violentadas por el crimen organizado no fueron
suficientes para invalidar esos comicios pero ni para que el propio presidente
se contuviera y argumentó que “el crimen organizado se portó bien” en la
elección.
La defensa del INE de las pretensiones presidenciales
no tiene que ver con la manifestación de una sociedad pasiva, tiene que ver con
un grupo cada vez mayor de mexicanos que no quieren perder ese derecho que al
país le costó tanto trabajo alcanzar primero en 1997 y luego en 2000 con la
transición democrática nacional, que si bien no ha sido satisfactoria si nos da
la certeza que si nos equivocamos en las urnas, el presidente lo podremos
cambiar seis años después. Hoy, López Obrador nos quiere quitar ese derecho
humano fundamental, como nos quitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
una serie sólida de organismos no gubernamentales que forma parte del estado
mexicano, como es el caso del INE ciudadano.
La propuesta presidencial no sólo es mañosa sino que
pretendería regresarle al gobierno la tutela electoral porque su propuesta de
que sean electos los consejeros y los magistrados electorales de ternas
propuestas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial habla de empleados
que le deberán a esos poderes el que los haya propuesto e incluido para llegar
a esos cargos. Su lealtad, será con ellos, no con los ciudadanos que sólo
levantarán la mano para elegirlos.
Nos libramos de la elección de consejeros como reparto
de partidos políticos para regresar al esquema de las elecciones tuteladas por
el gobierno en turno.
Defendamos al INE, no hay argumento que valga en la
defensa de nuestro derecho de elegir a un presidente, incluso tan malo y tan
farsante como el que hoy fingió ser demócrata.
