Por José Buendía Hegewisch
Hay cambios de señales. El pasmo por el escaso avance de las reformas económicas comienza a transfigurarse en nuevas posiciones de la política del gobierno de Peña Nieto. La “frustración” por ausencia de viento del exterior para impulsarlas favorece la política de encierro, además de recogimiento y refugio. Avanzan las posiciones duras respecto de los aperturistas en su interior, auspiciadas por la falta de imaginación de alternativas ante el derrumbe del mercado energético. Se imponen las posturas que privilegian retomar el control y cerrazón sobre el riesgo de erosionar las bases de apoyo electoral hacia las presidenciales de 2018.
Durante casi dos años el gobierno estuvo a la deriva en espera del encendido del motor de la economía mundial para las reformas, pero el tiempo se agota. El débil crecimiento y la caída del petróleo serán duraderos. Ello favorece los viejos reflejos de encierro y dar la espalda a la valoración del país en el mundo. El cambio de señales se lee en la decisión de pagar los costos de la confrontación con la comunidad internacional de derechos humanos si acota su escrutinio o en el freno desde la Consejería Jurídica de Presidencia a las leyes sobre tortura y desaparición forzada para cerrar ese frente y evitar la visita del relator Méndez.
También, en la inasistencia del Presidente a la Cumbre sobre Droga, denota la falta de una postura clara sobre cambios en la política de seguridad a pesar del debate que convocó respecto a la legalización de la mariguana. El repliegue desde Los Pinos incluye, en cambio, una nueva estrategia contra el discurso xenófobo de Trump que puede ser electoralmente rentable, independiente de su pertinencia.
¿Por qué arriesgar imagen e interlocución con el exterior en temas sensibles como derechos humanos o seguridad? Hoy comienzan a tener más peso los factores internos, los político-electorales, ante el debilitamiento del proyecto de reformas que privilegiaban la apertura y la construcción de un ambiente de confianza para inversionistas y oportunidades de negocio.
En ese cambio de valoración de costos políticos se inscribe el endurecimiento del gobierno hacia el GIEI y la confrontación con la CIDH a niveles que no se veían desde la época del nacionalismo autoritario del siglo XX. La cuenta del gobierno es que su participación en Ayotzinapa ni siquiera redunda en confianza hacia la investigación y en su capacidad para resolver la crisis de derechos humanos. Y en cambio, su empantanamiento acabó por ser un freno a las reformas y genera una imagen de debilidad que se reflejará en las preferencias electorales. El temor de arriesgar su base electoral sin poder ofrecer en 2018 los beneficios de las reformas fortalece las posiciones que exigen retomar el control y no ceder al “chantaje”.
Los duros creen que mantener abiertos esos expedientes obstaculiza la marcha de las reformas y por eso prefieren frenar leyes de desaparición o tortura. Sin embargo, el repliegue coge fuera de la base a secretarios bien posicionados hacia 2018 como Osorio Chong, que abrió las puertas a la colaboración con el GIEI y lideró el debate sobre la mariguana. En las últimas semanas hizo fuertes críticas al diagnóstico de la “guerra contra el narco” y anunció una nueva política de drogas, pero el desdén hacia la Cumbre refleja que también en la política de seguridad se imponen el statu quo y las posiciones más reactivas a su revisión. Son esas mismas las posiciones que desde la Consejería Jurídica de Presidencia han frenado leyes en el Congreso como parte del endurecimiento de la política interior.
El resorte del control se activa cuando las políticas fracasan en la entrega de resultados o son rebasadas por las circunstancias. Descansan en el argumento fácil de perder el poder en la siguiente elección, pero ensimismarse en las decisiones suele incubar autoritarismo.
