El día 24 de noviembre de 2025, en México, se llevó a cabo un paro nacional convocado por organizaciones del campo y del transporte para exigir una respuesta inmediata del Gobierno federal ante demandas históricas.
Productores agrícolas y transportistas cerraron carreteras, aduanas y algunos accesos fronterizos en varias entidades del país. En el pliego petitorio combinan demandas de seguridad en las vías, precios justos para las cosechas y revisión de la legislación sobre aguas nacionales.
- “Queremos … que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”.
- “Estamos perdiendo el 50 % de la inversión. No queremos llegar a los costos de producción, queremos la utilidad”.
El paro comenzó desde la mañana, con cortes en vialidades fundamentales como la autopista México–Toluca, México–Querétaro, México–Puebla y otros puntos clave. Las autoridades del Gobierno señalaron que bloqueo de vías federales constituye un delito y advirtieron que ya existen “carpetas de investigación” abiertas contra algunos líderes del movimiento.
Por su parte, el Gobierno reconoció que ha mantenido reuniones con los gremios transportistas y agrícolas, aunque señaló que sólo una fracción de los productores participa activamente en los bloqueos.
- En el sector agrícola, una demanda clave es que se garantice un precio justo por tonelada de maíz, pues los productores reclaman pagos que cubran costos, mientras que el Gobierno ha ofrecido montos menores.
- Respecto al agua, los campesinos exigen que la nueva Ley de Aguas Nacionales no restrinja el acceso o transmisión de concesiones, pues consideran que ello limita el valor de sus tierras y su herencia generacional.
- Las transportistas denunciaron el aumento de secuestros, extorsiones y robos en carreteras, y reclaman seguridad para sus operadores y unidades.
La movilización agrupa a entidades como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC).
Se destaca que, a pesar de la convocatoria, el diálogo no se había concretado en términos que satisfagan a los manifestantes, por lo que éstos advirtieron que la acción podría prolongarse o intensificarse si no hay una respuesta gubernamental adecuada.
La paralización de actividades y el cierre de vías repercutieron en la movilidad nacional y obligaron a las autoridades a recomendar el uso de rutas alternas y evitar desplazamientos no esenciales.
En resumen, esta protesta representa el paso conjunto de dos sectores tradicionalmente distintos —campesinos y transportistas— que han unificado sus exigencias fundamentales hacia el Gobierno con una estrategia coordinada de movilización. Horizonte amplio para las negociaciones se abre, mientras se mantiene la presión en las carreteras del país.
